México padece graves problemas que ponen en alto riesgo el desarrollo socioeconómico del país y el futuro de las próximas generaciones. La instrumentación de políticas públicas erróneas y deshilvanadas, así como la inacción del gobierno en distintos ámbitos, han dado lugar a un escenario caracterizado por niveles de violencia e inseguridad que no se habían visto desde la Revolución Mexicana; desmantelamiento y deterioro de los sistemas de salud; persistencia de una educación de muy baja calidad; priorización del gasto público en programas -muchos de ellos de carácter clientelar-, en apoyos que no tienen una fuente propia de fondeo, como la pensión a adultos mayores, y en proyectos de inversión sin contar con un diagnóstico y sustento técnico sólido, que ha dado lugar a un desperdicio enorme de recursos fiscales y un déficit y deuda pública crecientes.
En adición a ello, México continúa exhibiendo tasas de crecimiento económico sumamente precarias (2.5 % en promedio en los últimos 30 años), lo que obstaculiza el objetivo de lograr mayores niveles de bienestar de la población. Si bien las cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) muestran que en 2022 hubo una reducción de la pobreza, en gran medida esto se debe a las transferencias a grupos vulnerables que saca a una parte importante de la población de la línea de pobreza; sin embargo, el número de carencias sociales 1 ha aumentado 2 y, por tanto, las oportunidades de movilidad social. 3
Quisiera destacar cuáles son, en mi opinión, los cuatro grandes problemas que inciden directamente en la situación económica de México:
1. Ausencia de Estado de derecho. 4 Además de los niveles de inseguridad y crímenes de alto impacto que ponen en evidencia la debilidad del marco institucional, el gobierno actual ha intentado eliminar instituciones que representan contrapesos del poder; destacan las constantes descalificaciones al Poder Judicial y a los Órganos Constitucionalmente Autónomos (OCA’s), tales como el INE, INAI, Cofece, etc. Las iniciativas que el presidente envío al Congreso el 5 de febrero pasado es una prueba de la búsqueda del poder absoluto, entre ellas: someter a elección popular a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); reducir el número de diputados federales de 500 a 300, a fin de eliminar a los diputados de representación proporcional, y la extinción de OCA’s.
Estudios empíricos muestran que existe una correlación muy alta entre PIB per-cápita e Índice de Desarrollo Humano con Estado de derecho. 5
2. Desequilibrio de las finanzas públicas. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, al cierre de 2024, el déficit público representará 5 % del PIB y el saldo de la deuda pública alrededor de 50 %. El gasto no programable, en el que el gobierno federal no tiene margen de maniobra (participaciones a los estados, adeudos fiscales de años anteriores y el gasto en intereses) es de aproximadamente 28 % del gasto total; a esta cifra habría que agregar el gasto comprometido o ineludible, por concepto de transferencias a grupos vulnerables, entre estos, adultos mayores; apoyos a Pemex, sin que exista un plan de negocios que revierta su quiebra técnica; apoyos a CFE y empresas del Estado que no son ni serán rentables, entre ellas la refinería de Dos Bocas, el AIFA y el Tren Maya. Sin contar el gasto para sostener a las últimas tres empresas, el gasto no programable, más el ineludible ascendería a cerca de 60 % del gasto total, lo que deja con un margen de maniobra muy escaso para contingencias o ajustes que sean necesarios
Por otra parte, el rezago en la atención a los sectores como salud y educación, que se ha magnificado en la administración actual, exigirá en los próximos años una gran cantidad de recursos que, indefectiblemente, requerirá una reforma fiscal que, entre otras modalidades, incorpore a la economía informal.
3. Precariedad fiscal. Esta necesidad de obtener mayores ingresos fiscales se ubica en un contexto de enorme desconfianza en los tres niveles de gobierno con respecto a las decisiones sobre el gasto público y su destino. Este fenómeno no es nuevo, pero se ha agravado por la ilegalidad en la asignación de contratos, sin licitación pública, tal como obliga la ley en ciertos casos, y a la ausencia deliberada de información.
Si bien es urgente una reforma fiscal, considero que no debería proponerse al Congreso en tanto no exista un auténtico sistema de información y rendición de cuentas, con un seguimiento y evaluación por parte de organizaciones de la sociedad civil, que den fe del buen uso de recursos públicos. Mientras no exista dicho sistema, las personas no tendrán incentivo alguno para pagar impuestos, Asimismo, es indispensable que la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda informe desde un inicio los criterios, parámetros y supuestos para la valuación de proyectos de inversión, y que en esta valuación también participe la sociedad civil.
4. Degradación del servicio público. México requiere funcionarios de gran capacidad y experiencia en las distintas áreas de la administración pública; más ahora, dada la gran complejidad de los problemas económicos, sociales y políticos, y el rezago en la atención de asuntos de enorme relevancia como, por ejemplo, la inversión en infraestructura hídrica. Sin embargo, se ha dado prioridad a gente sin experiencia y sin pericia que esté a la altura de los retos que México enfrenta.
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* Sergio Fadl Kuri es profesor de economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y Experto México, ¿cómo vamos?. Tiene amplia experiencia en el sector público, la banca de desarrollo y la administración de riesgos.
