Conocer las condiciones de vida de la población en las diferentes entidades de nuestro país es de suma importancia para poder tomar medidas pertinentes de política pública y mejorar lo que haga falta. Sin embargo, no es una tarea fácil encontrar mediciones objetivas y oportunas que nos proporcionen una idea clara del bienestar o progreso de una entidad.
En economía, la variable que se utiliza más comúnmente es el Producto Interno Bruto (PIB). Este nos brinda una idea del nivel de producción de un país o, en este caso, de una entidad. De este modo, el PIB representa una cantidad de dinero agregada que, al medirla por habitante —es decir, el PIB per cápita—, podemos comparar de una entidad a otra. En términos simples, el PIB per cápita nos habla de cuánto le tocaría en promedio a cada quién si el producto agregado de su estado fuera un pastel.
Al recurrir a esta medida, observamos que a nivel nacional el PIB per cápita de 2020 fue de aproximadamente 122 748 pesos, mientras que los tres estados con PIB per cápita más bajo fueron Chiapas, Oaxaca y Guerrero, con 43 499 pesos, 57 396 pesos y 60 024 pesos,1 respectivamente. Esto implica que el ingreso promedio en cada una de esas tres entidades es menor a la mitad del promedio nacional. Esta situación ya nos puede dar una idea del rezago al que se enfrenta la población del sureste del país.
Adicionalmente, al analizar los datos de pobreza laboral a nivel estatal, es decir, el porcentaje de la población en un hogar con un ingreso laboral inferior al valor de la canasta alimentaria, vemos que nuevamente Chiapas, Guerrero y Oaxaca son las tres entidades más rezagadas, con más del 60 % de sus poblaciones en dicha situación. En particular, en Chiapas siete de cada diez personas se encuentran en un hogar cuyo ingreso laboral no es suficiente para adquirir la canasta con los alimentos más básicos.
Sin embargo, en los últimos años se ha hecho un repetido llamado a no recaer simplemente en indicadores económicos, pues estos no necesariamente retratan el vivir de las personas de nuestro país. En ese sentido, es necesario aclarar que, si bien el crecimiento económico no siempre se ve reflejado en mejores condiciones de vida para los habitantes de un país o entidad, sí es una condición necesaria que no podemos dejar de lado. Lo que sí se debe considerar es que analizar con promedios nos hace asumir igualdad, lo cual está lejano a la realidad, especialmente en México.
Para complementar el análisis y la toma de decisiones requerimos herramientas nuevas, con indicadores sobre la calidad de vida. Una de estas herramientas con las que contamos es el Índice de Progreso Social (IPS) a nivel subnacional que publica México, ¿cómo vamos?, cuya edición más reciente es la serie de 2015 a 2021. Es una medida independiente a indicadores monetizables —como el PIB—, que no busca reemplazarlos sino complementarlos.
Entre las historias que cuenta este Índice en esos siete años, no sorprende ver a Oaxaca, Guerrero y Chiapas con los tres puntajes más bajos, no sólo en 2021, sino de manera persistente desde que se cuenta con los datos. El rezago en progreso social de esta región queda nuevamente en evidencia.
El Índice permite evaluar el avance, o falta de éste, de 2015 a 2021. Se observa que Oaxaca, la entidad con puntaje2 más bajo a nivel nacional, ha mostrado una clara tendencia a la baja desde 2018. Así, actualmente, con 46.9 puntos se encuentra en el año más bajo desde que se tiene registro, retrocediendo de donde se encontraba seis años antes, cuyo puntaje (50.8 pts) era de por sí bajo. Como referencia, en 2021 el puntaje nacional del IPS se estimó en 63 puntos de 100 posibles. La entidad más alta fue la Ciudad de México, con 73.1 pts.
Por su parte, Guerrero es la segunda entidad con menor puntaje (48.9 pts) y se observa un persistente estancamiento. Tras incrementos y caídas, su puntaje de 2021 es similar al de 2017 y se encuentra lejos de recuperar su nivel máximo presentado en 2018.
En el caso de Chiapas, la tercera entidad con puntaje más bajo, en 2021 presentó un puntaje (49.3 pts) muy similar al de 2015 y por debajo de lo registrado en todos los años consiguientes. Por lo tanto, tampoco ha habido progreso, por lo menos en los últimos seis años. El máximo puntaje de esta entidad lo alcanzó en 2017 y desde entonces comenzó con una tendencia a la baja, perdiendo las ganancias previas a 2018.
Este nulo progreso social y declive desde 2018 en las tres entidades más desfavorecidas del país es preocupante, especialmente considerando que desde el gobierno federal se ha asegurado que estas poblaciones son la prioridad de las políticas emprendidas justamente desde 2018.
Adicionalmente, el IPS también nos permite observar las mayores fortalezas y debilidades de cada entidad según diferentes variables que se engloban en tres grandes —y fundamentales— dimensiones: Necesidades Humanas Básicas, Fundamentos del Bienestar, y Oportunidades.
Dentro de la dimensión de Necesidades Humanas Básicas (que evalúa la calidad y la disponibilidad de servicios y condiciones necesarias para un nivel de vida adecuado), Oaxaca y Chiapas tienen puntajes mejores al promedio nacional en el componente relacionado a Seguridad personal. De hecho, Chiapas ocupa la quinta posición a nivel nacional. Sin embargo, no es el caso de Guerrero, entidad que se encuentra en el lugar 23. Por otro lado, Oaxaca ocupa el último lugar en Nutrición y cuidados médicos básicos, así como en Agua y saneamiento, mientras que Chiapas es el lugar más bajo en Vivienda.
Todos estos componentes se pueden encontrar desagregados por cada variable, pero sin profundizar al siguiente nivel de desagregación, ya podemos observar que, si bien las tres entidades comparten características similares, sus necesidades son diferenciadas, y las soluciones deben reconocer la heterogeneidad dentro de una misma región.
En términos de la dimensión de Fundamentos del Bienestar (evalúa la calidad de la educación y la información disponible, además de componentes ambientales), Oaxaca se encuentra por debajo del promedio de las entidades en todos los componentes. No obstante, Guerrero muestra fortaleza en Salud y bienestar, al desempeñarse mejor a lo esperado y colocándose por arriba del promedio nacional. Destaca por su baja tasa de suicidios y de mortalidad por enfermedades circulatorias. Por otro lado, Chiapas se desempeña mejor que el promedio en Acceso a conocimientos básicos, mostrando particularmente una alta matriculación en educación primaria y en preescolar.
En cuanto a sus mayores debilidades en esta dimensión, Guerrero ocupa el último lugar a nivel nacional en Calidad medioambiental, mientras que Chiapas es el puesto más bajo en Acceso a información y comunicaciones. La entidad requiere, más que ninguna otra, mayor penetración de telefonía móvil, acceso a computadoras y conexión a internet.
En las dos dimensiones ya mencionadas, las tres entidades han mostrado una disminución respecto a su puntaje de 2015. Este no es el caso de la tercera dimensión: Oportunidades (evalúa las posibilidades a las que los habitantes pueden acceder para lograr un mayor desarrollo personal). Ahí las tres presentan una tendencia al alza, muy necesaria al considerar que es en la que presentan puntajes más bajos.
La dimensión de Oportunidades es una importante debilidad para las tres entidades, aunque Oaxaca se encuentra en medio de la tabla en el componente de Derechos personales. Fuera de ese caso, los estados del sureste se encuentran en la parte más baja del resto de los componentes de esta dimensión. Particularmente, Oaxaca ocupa el último lugar en Inclusión, con bajas tasas de alfabetización en personas indígenas y en personas con discapacidad. Mientras tanto, Chiapas ocupa el último lugar en Libertad personal y de elección y en Acceso a educación superior, con la mayor tasa de jóvenes que no estudian ni trabajan, altas tasas de embarazo adolescente y de informalidad laboral, así como la más baja absorción y cobertura en educación superior.
Este es un ejemplo de que existen estadísticas y mediciones que nos pueden ayudar a identificar los aspectos más apremiantes para la población de una entidad en específico, herramientas que nos pueden guiar para evaluar qué se está haciendo bien y qué no.
Diferentes variables tanto económicas como sociales dejan en claro que las condiciones de vida en los estados del sureste no están mejorando; es momento de reconocerlo e identificar dónde están fallando los esfuerzos. Es momento de considerar opciones diferentes, como proyectos integrales de desarrollo bien focalizados, así como proporcionar las condiciones necesarias para que más inversión nacional y extranjera pueda ser detonadora de mayor progreso.
Los proyectos de infraestructura en estas regiones son necesarios cuando son realmente productivos. Sin embargo, aunque lo fueran, no bastaría con ellos, pues son aislados y con ellos no se solucionarán los problemas particulares de cada población. Debemos empezar a utilizar las herramientas que nos dan verdadera información del bienestar para diseñar la política pública en México, especialmente tras el fuerte golpe de la pandemia y la recuperación desigualadora que vino después.
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Brenda Flores Cabrera
Economista por el Tecnológico de Monterrey y maestra en Políticas Públicas por la Universidad de Calgary. Analista en México, ¿cómo vamos?
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1 Datos sin actividad petrolera con el fin de calcular un PIB per cápita subnacional representativo y comparable a lo largo del territorio mexicano, ya que la actividad petrolera es gestionada a nivel federal y por Petróleos Mexicanos (Pemex).
2 El IPS toma un valor entre 0 y 100, donde 100 es el mayor progreso social posible y 0 el menor progreso social posible.
