En julio se cumplieron 5 años de la elección de aquel 1 de julio de 2018, en la que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) obtuvo más de 30 millones de votos, equivalentes al 53% de un total de 56.6 millones de votos emitidos.
Hoy, AMLO mantiene unos niveles récord de aprobación presidencial para alguien que entra en su quinto año de gobierno. Mucha de esa aprobación presidencial responde a características propias de su personaje, sin aparentes pretensiones personales, a un estilo de comunicar permanente, permeable y que la gente percibe cercano. Contrario a lo que podríamos esperar por el desgaste mediático diario, casi 9 de cada 10 personas que lo aprueban también votaron por él en 2018 (El Financiero, encuesta publicada el 3 de julio 2023). Es decir, hay pocos arrepentidos entre quienes le dieron su voto.
Sin embargo, no todo puede atribuirse al carisma y a la comunicación. Con la publicación de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2022 (INEGI), el ingreso laboral creció en 14% desde su medición en 2020. Estimaciones de Coneval usando datos del INEGI, incluso indican que el ingreso proveniente del trabajo ha aumentado en promedio 15% en lo que va de la administración; los datos trimestrales de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE, INEGI) nos confirman que las personas de prácticamente todos los grupos de edad, sexo, nivel educativo e incluso calidad del empleo (formal o en la informalidad) tienen mayores ingresos laborales, sobre todo en los últimos seis meses. No quiere decir que las brechas por educación, sexo o estatus laboral se cierren, ni que cuando lo hacen, ocurra con suficiente velocidad; pero sí indica que en general, todos estamos ganando más, salvo algunas excepciones.
Sumado a los más de 60 millones de dólares que han llegado de remesas en los últimos 12 meses —producto de la solidaridad inconmensurable de las y los paisanos en el exterior, que mandan en promedio 18% de su ingreso a México, según cálculos del Centro de Estudio Monetarios Latinoamericanos, CEMLA— y a los programas sociales que, como las pensiones, tienen una amplia cobertura, la gente aprueba a un gobierno que le otorga mayor libertad económica… al menos, en el corto plazo.
Por su parte, la proporción de empleo formal va en aumento —lentamente, pero en aumento—; la informalidad laboral ha mostrado disminuciones progresivas desde 2009 (con algunos brincos en la pospandemia, pero en una trayectoria descendente). La pobreza laboral —esa que indica que las personas viven en hogares donde el ingreso del trabajo no alcanza para comprar comida para todos— también presenta una tendencia a la baja desde 2017, incluso en la pospandemia, después de un abrupto aumento en 2020.
Como quien dice, no todo este progreso se puede atribuir a esta administración, pero hay medidas de política económica puntales que sí: el aumento consistente de más del 60% en términos de poder adquisitivo del salario mínimo entre 2018 y 2022, gracias a la alineación de voluntades del empresariado, trabajadores y gobierno, sin duda a instancias de la administración de López Obrador; la reforma para eliminar vicios de la aplicación del esquema de terciarización de servicios y subcontratación en abril de 2021 y la reforma de vacaciones dignas de diciembre 2022. A la luz de que los mexicanos pasamos más horas trabajando que cualquier otro país de la OCDE, con un gran costo personal y familiar en bienestar, queda pendiente atender varios frentes en materia laboral: la inclusión de más mujeres al mercado laboral remunerado cuando así lo deseen; la desvinculación del acceso a los servicios de seguridad social según el estatus del empleo —formal o informal— como lo plantea Santiago Levy (Buenas Intenciones, Malos resultados, 2010); y la crisis de productividad que lleva años empeorando.
No minimizo la gravedad de que más de 48 millones de personas en México vivan en pobreza laboral (ENOE), ni que aún 6 de cada 10 empleos no cuenten con reconocimiento formal del vínculo laboral, carezcan de prestaciones y de seguridad social, pero sí reconozco que la popularidad del presidente y la aprobación presidencial coinciden con mejores condiciones económicas para millones de hogares mexicanos.
Entonces, ¿vamos bien? Pues vamos por partes.
Según la propia lista de compromisos autoadquiridos por AMLO en 2018, casi todos están cumplidos. Subsisten, sin embargo, varios rubros en los que el cumplimiento de esos compromisos está sujeto a matices. Por ejemplo, el resurgimiento de la industria petrolera, tan ligada al discurso de lo que representaría la Cuarta Transformación del presidente López Obrador, no acaba de ocurrir por menores exportaciones petroleras por un peso más fuerte del esperado y un precio internacional del barril más bien moderado, y por una menor extracción de crudo del subsuelo en México. Sin más, las exportaciones petroleras marcaron una contracción anual de más del 23% en el primer semestre del año; y a pesar de los apoyos fiscales a Pemex, la plataforma petrolera está aún en 1.65 millones de barriles diarios, lejos de la meta de producción de 2 millones y también por debajo de los niveles que se tenían antes del inicio de la administración.
¿Y estamos generando más energía limpia, entonces? Pues no, tampoco. Según México, ¿cómo vamos? (MCV), “la energía convencional [mayormente producida con combustibles fósiles] ha representado más de 69% del total de energía generada mensual” promedio, durante la actual administración. Sin embargo, en diciembre pasado la energía convencional fue aún mayor con 74% del total de energía generada en el mes, mayor en 4.2 puntos porcentuales respecto a lo producido en diciembre 2018, lo cual implica que sólo 26% de la energía generada fue considerada energía limpia al cierre de 2022 —porcentaje menor a la producción de energía limpia generada en 2021—.
Lourdes Melgar, erudita en temas energéticos y experta de MCV, explica que “México ha regresado a quemar combustóleo y a ventear metano, ha restringido el despacho de las energías renovables, ha eliminado el Horario de Verano y dejado de lado la eficiencia energética. El país ha incumplido sus compromisos dentro del Acuerdo de París y ha vulnerado la resiliencia del sistema eléctrico nacional al restringir las inversiones en generación y no realizar las necesarias en transmisión y distribución.”
En otras palabras, México se aleja de cumplir con sus compromisos internacionales en materia de medio ambiente y cambio climático, conforme nos enfrentamos a un mundo más caliente y a un sistema eléctrico saturado, sin suficientes líneas de transmisión y probablemente sin capacidad de proveer la energía limpia necesaria para las empresas que llegan, producto del nearshoring.
Bueno, pero la inversión del exterior llega para la relocalización de cadenas de suministro… ¿verdad?
Sí, llega en cantidades que sugieren que habrá un desarrollo no sólo de las manufacturas sino de los servicios financieros asociados, y posteriormente también en la logística, el transporte y almacenamiento. En el primer trimestre de 2023, se registró un saldo neto de inversión extranjera directa (IED) casi 50% más grande que en el primer trimestre del año previo. El argumento de que no es inversión nueva, sino “sólo” reinversión de utilidades ignora que esas utilidades pudieron irse al exterior, pero optaron por reinvertirlas en México. Sin embargo, Gabriela Siller, Directora de Análisis Económico de Banco Base, identifica que de no haber salido tantos dólares en desinversiones, en 2022 hubiéramos tenido hasta 55 mil mdd en inversión extranjera directa en 2022, 57% más que la registrada. Hacer más para que llegue y se queden más dólares de IED es un tema de confianza, y esta administración podría estar haciéndolo mejor.
¿Cómo qué se podría hacer mejor?
El 1 de julio de 2020, entró en vigor el Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), en sustitución del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, firmado y negociado tres décadas antes. El T-MEC, sin embargo, no es atribuible únicamente a esta administración, pues el grueso de su negociación y diseño fue realizado por los equipos de la administración Peña Nieto y Trump.
El T-MEC es un instrumento comercial moderno, que prevé mecanismos de resolución de controversias y periodos de revisión calendarizados desde el inicio. Sin embargo, algunas controversias que han ido encontrando su cauce en los términos del T-MEC, han tensado la relación al grado de que se ha ido poniendo a prueba la solidez misma del tratado. En temas de reglas de origen en la industria automotriz, un panel lo ganaron México y Canadá frente a la interpretación de los términos del tratado que hacía EUA. Pero en materia energética, Estados Unidos y Canadá han demandado a México que no haya trato discriminatorio hacia empresas privadas frente a las empresas productivas del Estado en México. En términos de la prohibición de la importación de maíz transgénico para consumo humano, México ha fallado en presentar estudios científicos que respalden la prohibición con base en datos y ciencia.
Y es que el T-MEC ha probado ser un instrumento para la integración comercial para América del Norte, lo que ha llevado a México a ser uno de los dos socios comerciales más importantes para Estados Unidos, junto con Canadá. Según registró MCV, “en el primer trimestre de 2023, México fue el principal socio comercial de Estados Unidos y Canadá el segundo”, y “el comercio trilateral de Norteamérica está asociado a casi 10 millones de trabajos en la región (USMCA Tracker): 5.5 millones en México, 2.5 millones en Estados Unidos y 1.6 millones en Canadá.
Es por eso que poner una y otra vez a prueba la relación comercial con EUA y Canadá, que concentran 85% de todas las exportaciones que México hace al exterior, no parece ser una medida estratégica.
Y todo este crecimiento y dinamismo comercial, ¿para qué?
El progreso social y la prosperidad regional debieran ser el objetivo. Para ello debiera servir la apertura comercial. En el caso de México, en 2022 MCV revisó la correlación que guardan la apertura comercial estatal y la producción industrial con el progreso social. Los resultados fueron sorprendentes: una vez superado un umbral mínimo de inversión en infraestructura logística, las entidades federativas con mayor compenetración en el comercio exterior del país presentaban una mayor puntuación en el Índice de Progreso Social de MCV (IPS).
Sin embargo, no todo puede dejarse al mercado: la calidad de los servicios públicos depende de la gestión de los gobiernos, federal y locales. Entre 2018 y 2021, el progreso social retrocedió en 30 de 32 entidades; y hay al menos tres elementos que preocupan en términos del progreso social.
Salud: menor cobertura de salud desde el sistema público, mayor gasto de bolsillo
El primero es la falta de cobertura en servicios de salud, que no es otra cosa sino que todas las personas tengan acceso a servicios de salud pública de ningún tipo, y que según Coneval es una métrica que había empeorado entre 2018 y 2020, perdiendo 12 puntos porcentuales. Los datos de este rezago en acceso a los servicios de salud en 2022 los actualizará Coneval en las próximas semanas, junto con la publicación de las cifras de pobreza 2022. Sin embargo, el propio Coneval reconoce que el problema de la falta de atención médica a la población abierta tiene varias aristas, entre las que destaca la falta de regulación de consultorios privados -sobre todo los adyacentes a farmacias- y el exceso de medicación de los pacientes que los visitan, y la falta de medicamentos dentro de las instalaciones médicas públicas -sobre todo de primer nivel.
Mariana Campos, Directora de México Evalúa, ha documentado otros problema relevantes en el rubro de salud, como que no existan recursos suficientes asignados a cubrir los gastos catastróficos por enfermedades, que aumentan conforme la población envejece: una quimioterapia, una extracción temprana de tumores no benignos, una intervención quirúrgica en el corazón, una amputación, entre otras. Ninguno de éstos no son gastos que una familia promedio pueda solventar, así su gasto de bolsillo en salud en 2022 sea mayor al registrado en 2016 y 2018 para todos los niveles de ingreso, indica el análisis de MCV sobre la ENIGH.
Si el análisis se hace por grupo de ingresos (ENIGH 2022), el 10% de los hogares de menores ingresos “presenta el mayor gasto de bolsillo en salud como porcentaje de su ingreso trimestral, con 4.2%. Esto es una muestra de la ausencia de cobertura de servicios de salud para la población más vulnerable.” Así las familias tengan mayores ingresos,
Las variables de salud más básicas permanecen desatendidas por esta administración: la tasa de muerte materna e infantil, la de prevalencia de desnutrición y de muertes por enfermedades infecciosas, incluyendo por supuesto, las ocasionadas en el contexto de la pandemia, tuvieron una mayor prevalencia y aumento en Oaxaca, Campeche y Chiapas, según MCV. “A nivel nacional, el deterioro en el componente de Nutrición y cuidados médicos del Índice de Progreso Social es de 31 puntos (2018 – 2021).” Es doloroso pero sorprendente que los hogares que recibieron menor cobertura de los programas sociales en 2022 hayan sido exactamente estos, según documentó Máximo Jaramillo-Molina, investigador de la Universidad de Guadalajara y director de Indesig, con base en la ENIGH 2022.
La educación: el motor apagado de la movilidad social
Además de la edad, la educación determina la magnitud de la brecha de ingresos por sexo. Las mujeres reciben aún menos ingresos que sus contrapartes masculinas mientras menos escolarización hayan recibido, según reporta MCV en su análisis de la ENIGH 2022.
“Por ejemplo, la ENIGH 2022 reporta que las mujeres con educación profesional tuvieron un ingreso trimestral promedio de 35,444 pesos y los hombres de 49,947 pesos, lo que implica una diferencia en ingresos del 29%. En cambio, las mujeres que contaban únicamente con educación primaria reportaron un ingreso trimestral de 9,845 pesos, contra 17,114 pesos de los hombres con el mismo nivel educativo. Aunque la diferencia en términos absolutos entre hombres y mujeres con solo primaria es menor que la diferencia entre hombres y mujeres con educación profesional, la diferencia en proporción de ingresos es de 42.5%.”
Pero ¿la matriculación escolar va bien, no? Pues no. A nivel nacional, retrocedimos 4.8 puntos en el Índice de Progreso Social en el componente de Acceso a conocimientos básicos. “En 2021, 27 entidades federativas se encuentran con un puntaje menor al que registraron en 2018. Únicamente Aguascalientes, Chihuahua, Jalisco, Nuevo León y Yucatán han mejorado en este rubro durante la Cuarta Transformación.”
¡Claro! Es que nos cruzó una pandemia, y muchos niños y niñas dejaron de ir a la escuela… bueno, pues en ese caso haría “falta un programa en la Secretaría de Educación Pública para evaluar el rezago y abandono educativo a nivel nacional.” Porque además el impacto de la pandemia no fue parejo. “De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la región sur de México presenta una tasa de abandono mayor (personas entre 3 y 22 años de edad) que el resto de las regiones del país.” El sur, otra vez el sur tan lastimado y tan poco atendido.
Y no parece que haya mucho interés del gobierno en resolver estos problemas educativos. En términos presupuestales, “la siguiente administración deberá afrontar los pendientes sociales en materia de salud y educación con menos recursos públicos disponibles. El gasto en pensiones supera el 5% del PIB en 2022 y la proyección crece año con año, lo que desplaza el gasto público”, indica el CIEP.
Imperiosa necesidad de diseñar una la agenda fiscal progresiva, empezando por una revisión del gasto
El tercer rubro que más preocupa desde el progreso social es lo poco redistributiva que es la política fiscal mexicana. Según la OCDE, México tiene los niveles más bajos de redistribución en el gasto público.
Para empezar, el margen que tienen las finanzas públicas es muy reducido. “El gasto destinado a pagar el costo de la deuda y las pensiones suman en 2023, 9% del PIB, mientras que por ISR recaudamos alrededor de 8 puntos PIB.” Además, “desde 2022 se observó un déficit presupuestario 16 % mayor y un incremento del costo financiero de la deuda de 10.9 % respecto a 2021. Dicha tendencia continuará en 2023 debido a las altas tasas de interés que enfrenta la economía, indica el CIEP.
Retomando lo que MCV reportaba con motivo de los 5 primeros años de la victoria de aquel 1 de julio de 2018, “la presidencia de Andrés Manuel López Obrador comenzó con el compromiso de un cambio de gobierno que frenara la corrupción en la esfera pública y, sobre todo, que pusiera al pueblo de México en el centro de las políticas de desarrollo social.”
Mucho de lo prometido se lo llevó el viento. Lo que debiéramos reconocer es de dónde viene tanto crecimiento, y en dónde está estancado el bienestar. El crecimiento económico proviene de la estabilidad macroeconómica, producto de un diseño institucional que dota de autonomía al Banco de México, el marco comercial de apertura que data de los años 1990, la ubicación geográfica de México en Norteamérica en un momento en el que EUA está buscando relocalizar sus cadenas de suministro cerca o dentro de sus fronteras y estrechar vínculos con aliados comerciales. De ahí que el mercado laboral esté ofreciendo mayores ingresos a las y los trabajadores, dado un marco legal mínimo pero organizado, que aumenta la remuneración de los segmentos más empobrecidos de la población.
Por su parte, el bienestar está estancado en la falta de Estado de derecho, que abarca desde la falta de certeza jurídica para personas e inversionistas, hasta la inseguridad pública, pasando por la presencia extendida del crimen organizado, sus extorsiones, la percepción de corrupción del sistema de justicia. También está estancado en menor cobertura en servicios de salud, en la poca atención que se pone en mejorar la calidad de la educación pública; en atender los pendientes de un mercado laboral que recae en el trabajo gratuito de las mujeres y las malas condiciones laborales para 6 de cada 10 trabajadores.
El reclamo ciudadano al gobierno debe centrarse en reasignar el presupuesto a los problemas que más importan para el desarrollo (como el Sistema Nacional de Cuidados, estancado en el limbo legislativo desde 2020), la ineficaz entrega de apoyos directos a quienes más lo necesita (priorizando que los programas sociales cubran un mayor porcentaje de hogares de menores ingresos) y eficientando el gasto público en subsidiar el transporte y el diesel, no la gasolina; en atender el impacto de la inflación en alimentos entre la población más vulnerable, y en ofrecer la certeza jurídica que necesitan las inversiones que pudieran detonar mayor progreso social en el sureste mexicano.
Se dice rápido, pero en escasos 14 meses, el gobierno saliente deberá enfocar sus baterías en algunos de esos rubros. Sugiero que escoja rápido sus fichas. Del resto de los problemas, nosotras en México, ¿cómo vamos?, seguiremos llevando la cuenta de la lista de pendientes. EP
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Texto original publicado en Este País.
