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Pendientes a 4 años de la cuarta transformación

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FOTO: CUARTOSCURO.COM

México, ¿cómo vamos? presenta una lista mínima de seis pendientes urgentes y necesarios para mejorar el bienestar de las y los mexicanos, a cuatro años de inicio de la administración del presidente López Obrador:

  • Bienestar, bienvivir y progreso social,
  • Acceso y cobertura de servicios de salud, 
  • Acceso y calidad de la educación, 
  • Estructura del mercado laboral, 
  • Pobreza laboral, e 
  • Inversión en energía suficiente y limpia.  

Desde el inicio de la administración en 2019, tanto el bienestar -medido a través del progreso social- como la economía mexicana ya presentaban señales de deterioro, incluso antes de la pandemia por COVID-19. Sin embargo, la serie de sucesos registrados en años posteriores, han venido incrementando las desigualdades en el corto y largo plazos, sin una adecuada intervención por parte del Estado. En 2020, la pandemia impuso retos adicionales en rubros como educación, salud y pobreza; la recuperación económica en 2021 fue lenta, desigualadora e insuficiente, y en 2022 la alta inflación ha encarecido el costo de los alimentos de manera desproporcionada.

En México, ¿cómo vamos? buscamos contribuir a la búsqueda de soluciones sostenibles a los problemas que más afectan a la gente, alimentando el debate entre las autoridades y sociedad civil con información oportuna y confiable.

Lo que vas a encontrar en este texto:

¿CÓMO VAMOS CON EL PROGRESO SOCIAL?

¿CÓMO VAMOS CON EL  ACCESO A SERVICIOS DE SALUD?

¿CÓMO VAMOS CON LA EDUCACIÓN A 2 AÑOS DE LA PANDEMIA?

¿CÓMO VAMOS CON EL MERCADO LABORAL?

¿CÓMO VAMOS CON LA POBREZA LABORAL Y EL PRECIO DE LOS ALIMENTOS?

¿CÓMO VAMOS CON LA INVERSIÓN QUE MÉXICO NECESITA PARA CRECER?

¿CÓMO VAMOS CON EL PROGRESO SOCIAL?

“Por el bien de todos, primero los pobres” fue una de las consignas electorales con las que el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, hizo campaña. Su comunicación constantemente enfatiza la importancia de evaluar la vida económica del país no solo por medio de los indicadores tradicionales, sino de variables que permitan conocer el bienestar y el bienvivir de la población. Una de las formas en las que podemos aproximarnos a este concepto es a partir del Índice de Progreso Social (IPS), una medición holística del desempeño social de un país y sus entidades que es independiente de factores económicos tradicionales. El Índice está basado en un rango de indicadores sociales y ambientales que capturan tres dimensiones del progreso social: Necesidades Humanas Básicas, Fundamentos del Bienestar y Oportunidades, y toma valores entre 0 y 100, donde 0 es el menor progreso social posible y 100 el máximo progreso social posible.

A cuatro años del gobierno encabezado por López Obrador, ¿cómo vamos en términos de progreso social?

Antes del inicio de la administración y entre 2015 y 2018, se registró un avance acumulado a nivel nacional de casi dos puntos: el puntaje nacional de progreso social se estimó en 64.8 puntos, 2018 fue el año de mejor desempeño del que se tiene registro. En el periodo, 30 de las 32 entidades registran una mejora en su puntaje: 8 de estas aumentaron 3 puntos o más su Índice. Al desagregar los puntajes por dimensión, se estima, por un lado, un estancamiento en las Necesidades Humanas Básicas (74.3) y en los Fundamentos del Bienestar (66.3) y, por otro lado, una mejoría de 5.7 puntos en Oportunidades (53.8) —dimensión en la que se registra de manera consistente un peor desempeño para el país y para todas las entidades federativas, salvo la Ciudad de México. Si bien existían retos importantes a los que se enfrentaría el entonces gobierno electo, parecía haber una tendencia positiva en el progreso social en México.

Sin embargo, a partir de 2019 la tendencia positiva observada comienza a revertirse; situación que empeora en los años posteriores debido al impacto negativo que tuvo la pandemia en, al menos, dos ámbitos: la salud y el mercado laboral.

Para 2021, el puntaje de progreso social en México se estimó en 63 puntos —muy similar al estimado en 2015 de 62.9. Es decir, en los primeros tres años de la administración -entre 2019 y 2021- se perdió lo ganado tanto a nivel nacional como en 30 de 32 entidades de la república. 

Aun cuando el crecimiento económico alimenta la capacidad del Estado y de los hogares de proveer y adquirir servicios de calidad, no todo el avance o retroceso en el bienestar se explica por ello. En 2019 se registró una pequeña contracción en el tamaño de la economía mexicana (-0.2% en el año) y una caída en el progreso social en 16 estados. En 2020, la contracción económica por la pandemia fue de 8.2% en el año, con un retroceso en el progreso social en 24 estados. Para 2021, el rebote en la economía fue de 4.9% anual, pero no trajo consigo mayor bienestar generalizado; por el contrario, nuevamente retrocedió en 24 entidades. ¿Por qué?

Entre otras cosas, con la llegada de este gobierno a finales de 2018 y durante 2019, hubo el cambios en distintos aspectos de la política social y económica, entre los que destacan:

  • La sustitución del programa de cobertura para personas sin derechohabiencia denominado Seguro Popular, que atendía a 53.5 millones de personas (44.7% de la población) al cierre de 2018, por el Insabi con una cobertura de 35.5% de la población en 2020, que en abril de 2022 se anunció una nueva sustitución por IMSS Bienestar con una cobertura de 11.6 millones de personas en febrero de 2022. A pesar de que la cobertura del INSABI debía ser para todas las personas sin otro servicio de salud, la carencia por acceso a servicios de salud, medida por CONEVAL, pasó de 16% en 2018 a 28% en 2020. Es decir, que la proporción de personas que no tenían acceso a servicios de salud aumentó 75% en apenas dos años.
  • El cambio en la lógica de otorgamiento de los programas sociales, muchos de los cuales dejaron de ser apoyos focalizados para hacerse universales, como la pensión a adultos mayores, pero que en los hechos acabó por incrementar las transferencias a los hogares de mayores ingresos, desprotegiendo a los de menores ingresos, ya sea por una deficiente identificación de quienes necesitaban el apoyo en parajes rurales y remotos, o por otras ineficiencias. 
  • La desestimación de los padrones de beneficiarios que contaban con mayor rigor técnico que el padrón de los programas sociales levantado en 2019, el cual de origen presentó serias limitaciones y problemas de diseño, dejando fuera a muchas personas que cumplían el perfil necesario para recibir de programas sociales.
  • El cambio de lógica de los Programas Integrales del Bienestar de este gobierno, que responde a entregar transferencias directas de recursos a grupos heterogéneos de personas bajo el argumento de la universalidad de la cobertura, pero con deficiencias en la implementación y sin ofrecer mejores servicios de salud, educación o transferencias focalizadas. Estas medidas poco han contribuido a prevenir, mitigar y atender los riesgos de pobreza que enfrentan las personas.
  • La eliminación de intervenciones que mejoraban la calidad de vida de las mujeres y su participación en el mercado laboral. En 2018 el programa de estancias infantiles daba servicio de cuidados para infantes a las madres trabajadoras, asignando 4,400 mdp anuales; para 2021, el Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres trabajadoras —sustituto del programa de estancias infantiles— tenía presupuestados 2,684 millones pero solo gastó 2,413 y no ofrecía el servicio, solo la transferencia directa por un monto de  1,600 pesos bimestrales por cada niña o niño registrada.

Si bien la llegada de la pandemia en 2020 tuvo un indudable efecto en la economía y en el progreso social en el largo plazo, la falta de respuesta oportuna por parte del gobierno federal durante el primer año de la pandemia y gobiernos locales ante la crisis sanitaria y económica, aumentó la magnitud de la pérdida en el bienestar de las familias. Acciones u omisiones como el no redireccionar el gasto asignado a proyectos de infraestructura para proteger a la población más vulnerable tuvo consecuencias en la pobreza laboral, el acceso a servicios de salud, el rezago educativo, por nombrar algunos, ralentizando el proceso de recuperación de la economía nacional y de los hogares:

  • El aumento del presupuesto para programas sociales se ha dado en los hogares con mayores ingresos (Jaramillo, 2022), y la estrategia de austeridad ha reducido programas sociales relevantes, como la desaparición de Prospera, el cual estaba dirigido a hogares en situación de pobreza extrema, mientras que las pensiones a adultos mayores no representan un apoyo focalizado.
  • En 2016, 67% de los hogares en pobreza extrema recibía al menos un programa social. Esta proporción bajó a 43% en 2020 (ENIGH 2020, INEGI). 
  • La población por encima de la línea de pobreza que recibió algún programa social pasó de 20% en 2018 a 27% en 2022.
  • En 2018, las estancias infantiles atendían a 320 mil mujeres. En 2022, el Padrón Único de Beneficiarios reporta atender a menos de la mitad (128 mil beneficiarias).

En resumen, el crecimiento económico y el ingreso suficiente de los hogares son elementos muy importantes para el incremento del bienestar de las familias, pero se requieren mejores intervenciones del gobierno y servicios públicos de calidad para garantizar una mejor calidad de vida para todas las personas.

¿CÓMO VAMOS CON EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD?

Las y los mexicanos tenemos el derecho constitucional de tener acceso a servicios de salud y que el gobierno provea un sistema de salud para el bienestar (Art. 4º). Si bien, el rezago en este rubro no es exclusivo de los últimos cuatro años, el andamiaje institucional y recursos públicos han deteriorado el acceso de más personas a los servicios de salud pública, en especial cuando se tiene una ocupación informal.

El Índice de Progreso Social (IPS) a nivel subnacional presenta una importante relación entre el Acceso a servicios de Salud y la calidad de vida de los habitantes medida con este. 

La Organización Panamericana de la Salud recomienda que se destine el 6% del PIB para gasto en salud, el presupuesto público destinado a salud en 2022 es 2.9% del PIB. Si bien el pendiente trasciende a los cuatro años de está administración y a la pandemia del COVID-19, la gestión en este rubro ha impedido cerrar la brecha entre las y los mexicanos con acceso a atención médica y los que carecen de esta. Prueba de esto es el vacío legal y presupuestario de la transformación del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (INSABI) a IMSS- Bienestar como organismo para atender a las personas sin seguridad social.

El primero de septiembre de 2022 se creó por decreto presidencial el IMSS-Bienestar como organismo público descentralizado. Al presentarse el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2023 se presentó como programa presupuestario —y aunque se espera que parte del gasto etiquetado para el Instituto de Salud para el Bienestar se ejerza por el ahora Órgano Público descentralizado— se estima un recorte de más de 4 mil mdp entre lo aprobado para 2022 y el monto proyectado para 2023.

Incluso si se incorpora al cálculo del gasto en salud el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) al monto que se espera que se dedique a la provisión de servicios de salud para la población sin cobertura de otro sistema –como IMSS o ISSSTE, por citar algunos– quedan aún importantes lagunas jurídicas, institucionales y presupuestales por resolver. 

Desafortunadamente, en la discusión y aprobación del PEF 2023 no se realizaron reasignaciones presupuestales para fortalecer los servicios de salud pública, pilar para una recuperación incluyente pospandemia. Hacia adelante, será muy importante que tanto las autoridades como la ciudadanía discutamos estrategias transversales para evitar que las secuelas del COVID-19 arriesguen el progreso social por generaciones. Entre 2018 y 2021 el componente de Nutrición y Cuidados Médicos del IPS registró un pérdida de 29.7 puntos y al interior de la República las diferencias estatales requieren políticas públicas focalizadas. 

¿CÓMO VAMOS CON LA EDUCACIÓN A 2 AÑOS DE LA PANDEMIA?

Otro pilar fundamental del progreso social es el acceso a la educación y que esta sea de calidad para que más mexicanos puedan tener acceso a mayores salarios y mejores condiciones de vida. 

Así como en salud, la pandemia implicó un importante rezago en educación por factores económicos y de salud que provocaron una gran deserción escolar durante esta. México requiere una estrategia integral que por un lado atienda a las y los estudiantes que abandonaron sus estudios para que vuelvan a integrarse al sistema educativo y, por otro, atienda el rezago educativo que implicó el cierre de escuelas y la falta de acceso a tecnologías digitales. 

En este sentido observamos que la discusión presupuestal para el siguiente año no impulsó una programa para la evaluación de la calidad de la educación y estado de conocimientos básicos a nivel nacional, pero con representatividad estatal, ya que las brechas en este rubro son abismales y determinarán las oportunidades en el futuro. 

El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) estima que realizar una evaluación con estas características tendría un costo de 12,677 millones de pesos, un poco más de la cuarta parte del presupuesto aprobado para la Refinería de Dos Bocas para 2023.

 

¿CÓMO VAMOS CON EL MERCADO LABORAL?

El mercado laboral en México tiene varios problemas estructurales que deben ser atendidos y solucionados desde lo público. Nos enfocaremos en dos aspectos que consideramos prioritarios: la baja participación laboral de las mujeres y el empleo informal. 

En primer lugar, respecto a la participación laboral de las mujeres es importante mencionar que al 3º trimestre de 2022 este indicador se estima en 45.1%, esto es apenas 1 punto porcentual arriba del 44% registrado en el 4º trimestre de 2018. La baja participación laboral de las mujeres no ha mejorado porque se ha atendido con intervenciones públicas robustas. 

El principal motivo para que las mujeres no busquen ni tengan un empleo remunerado es que se dedican al trabajo del hogar o de cuidados sin remuneración. Actualmente, la infraestructura pública de cuidados solo consiste en dos programas: el servicio de guarderías del IMSS, al que únicamente pueden acceder madres y padres de familia afiliados a este Instituto; y el programa de apoyo para el bienestar de niñes, hijes de madres trabajadoras (antes estancias infantiles). Ninguno de estos programas tiene un monto proyectado más alto que el aprobado en 2022. 

Al 3º trimestre de 2022, hay un total de 20 millones 443 mil 844 mujeres no ocupadas que no buscan insertarse de forma activa en el mercado laboral debido a dedicarse a realizar quehaceres domésticos o labores de cuidados dentro de su hogar. En promedio, estas mujeres dedican 49 horas semanales (¡más de una jornada laboral completa!) a estas tareas.

Aunque este trabajo no se suele remunerar, el valor económico que genera es indudable. Al estimar un modelo de regresión lineal con base en características sociodemográficas ponderado por el tiempo dedicado a estas labores, encontramos que si las mujeres no ocupadas dedicadas al trabajo de cuidados y del hogar recibieran una remuneración, la pobreza laboral habría disminuido a 21.2%, ¡casi la mitad de lo estimado para este periodo! Además, el 43.1% de las personas habrían podido cubrir el valor de la Canasta Básica Alimentaria + Canasta Básica No Alimentaria —en comparación con el 28.4% que actualmente lo puede hacer.

En segundo lugar, respecto a la informalidad laboral esta tampoco parece tener una mejora significativa. Al estimar la tasa de informalidad laboral de la población no agropecuaria (TIL2), observamos que este indicador se situó en 51.9% en el último trimestre de 2018, apenas por encima del 51.2% del dato estimado para el 3º trimestre de 2022. Si bien la tendencia desde 2012 parece ir a la baja, mientras no se cuenten con estímulos fiscales que promuevan la formalización de empresas y que disminuyan el costo percibido por las unidades empleadoras el ritmo de disminución será lento —casi estancado.

La informalidad laboral está relacionada con menor productividad, carencia de prestaciones sociales, así como ingresos laborales a corto y largo plazo. De esta manera, por cada 100 pesos que paga un empleo formal, uno informal paga 54 pesos. Es importante mencionar que esta diferencia de ingresos se incrementa para las mujeres: por cada 100 pesos que recibe una mujer en un empleo formal, una en el informal tiene un ingreso de 48 pesos, mientras que para los hombres en un empleo informal es de 57 pesos.

¿CÓMO VAMOS CON LA POBREZA LABORAL Y EL PRECIO DE LOS ALIMENTOS?

El gran reto de cierre de sexenio será proveer las condiciones en el mercado laboral y suministro de alimentos para contrarrestar el importante incremento que observamos en la pobreza laboral en el tercer trimestre de 2022. A pesar del dinamismo económico y de la importante generación de puestos de trabajo registrados en el IMSS, observamos que 51.5 millones de personas no pueden adquirir la canasta básica alimentaria con los ingresos de su hogar. 

Este indicador es clave en el diseño de política económica, ya que queremos un país que genere las condiciones laborales necesarias para que los trabajadores puedan adquirir los bienes básicos y al mismo tiempo que sean productivos y que detone el crecimiento económico.

El contexto internacional con la reapertura de las economías tras los meses de confinamiento y posteriormente, la guerra en Ucrania han encarecido de forma más pronunciada a los alimentos que los precios de otros bienes y servicios. En la primera quincena de noviembre la inflación general se registró en 8.14% anual, pero los índices de precios de los alimentos presentaron una variación anual del 13.47%. 

Esta situación afecta en mayor proporción a los hogares de menores ingresos. Por lo que, en el corto plazo necesitamos un programa transitorio para que las personas que no pueden adquirir la canasta básica alimentaria tengan acceso. Al mismo tiempo que el gobierno federal impulse mercados competitivos y logística eficiente para el traslado de mercancías a través de la República. 

En México, ¿cómo vamos? presentamos cada quince días un análisis puntual de la evolución de los índices de precios de los elementos de la canasta PROFECO -anunciada con el PACIC– para contener los efectos del aumento de los precios en los bienes básicos para la familias mexicanas. Posteriormente, se anunció el APECIC, pero quincena tras quincena podemos observar que estos paquetes no han sido exitosos para evitar que más personas se encuentren en pobreza laboral.  

Las políticas de Bienestar deben propiciar el desarrollo de competencias en la población para que México sea un país productivo que genere suficientes oportunidades para que todas tengamos mejores condiciones de vida. 

¿CÓMO VAMOS CON LA INVERSIÓN QUE MÉXICO NECESITA PARA CRECER?

El progreso social requiere de acciones de corto plazo como lo fue la poca inversión y gasto en salud durante los peores meses de la pandemia, pero también requiere inversión para la infraestructura que en los próximos años nos permitirá o no participar en el mercado internacional.

La inversión pública se encuentra en mínimos históricos al segundo trimestre de 2022 representó 2.7% del PIB, mientras que la inversión privada fue el 18.1% del PIB. En México, ¿cómo vamos? tenemos la meta de que por lo menos la suma de estas inversiones represente el 24% del PIB para detonar crecimiento económico y genere empleo de buena calidad. 

En especial la incertidumbre que se ha generado durante estos cuatro años en el sector energético ha impedido el desarrollo de este sector para generar la energía que México necesita y que esta sea limpia para ser consistentes con los tratados internacionales para la mitigación del cambio climático. Al mismo tiempo,  que seamos capaces de atraer a las cadenas productivas que se están reubicando para estar cerca del mercado de norteamérica, pero que requieren energía suficiente y limpia.

El Programa para el Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN) 2022- 2036 de la Secretaría de Energía (SENER) estima que el crecimiento en el consumo final de energía será superior al crecimiento de la economía. En línea con el diagnóstico de SENER, necesitamos más inversión en generación de energía y, para ello, la certeza jurídica es crucial.

La inversión pública y privada son complementos, no sustitutos. La inversión pública debe crear oportunidades para que en conjunto con el sector privado México tenga mayor crecimiento económico y empleos de calidad. Otro aspecto necesario es que los recursos se canalicen a proyectos rentables y productivos.

Otro pendiente de la discusión presupuestal 2023 fue la inversión física de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ya que la incertidumbre jurídica se profundizó con la resolución de la Suprema Corte de Justicia en torno a la controversia institucionaliza de la Ley de la Industria Ecléctica, dejando a CFE la misión de generar la energía eléctrica que el país necesita en los próximos años.

Desafortunadamente al analizar la inversión física y los servicios personales de CFE como proporción del gasto programable total para tener un punto de referencia, concluimos que la inversión no es la prioridad presupuestal en 2023 de la CFE.

La incertidumbre jurídica alrededor del mercado eléctrico en México proviene de una serie de sucesos, decretos, reformas e iniciativas, e incluso de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la constitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), lo cual ha causado afectaciones en inversión productiva en distintas industrias, así como a una solicitud de consultas por parte de Estados Unidos y Canadá, en el marco del TMEC.

La inversión pública debe destinarse a proyectos con una alta rentabilidad social y transparencia en la gestión de recursos públicos, porque es nuestro dinero. Además de sentar las bases de un Estado de derecho sólido y certeza jurídica que incentive la inversión privada y que genere bienestar para todas y todos. 

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Para más información revisa nuestro micrositio de Progreso Social 2015 – 2021 en mexicocomovamos.mx

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