Para los habitantes de Baja California, la atmósfera que se respira hoy en el territorio es un tanto desconocida y extraña: el estado —como el resto del mundo— atraviesa una pandemia que ha traído consigo condiciones como el trabajo desde casa para parte de los trabajadores, y la suspensión temporal de ciertas actividades. Al compartir frontera con Estados Unidos, Baja California se enfrenta también al cierre parcial del intercambio diario que sucedía en condiciones normales: sólo se permite el tráfico terrestre esencial, que formaba parte de la rutina diaria de miles de bajacalifornianos. Una suerte de cese del dinamismo que había impulsado su economía para convertirse en foco de atención del desarrollo en el norte de México. A este entorno singular, se suma además la anticipación del proceso electoral que, en 2021, no sólo elegirá nuevos diputados y senadores, presidencias municipales, sindicaturas y regidurías, sino que designará a un nuevo gobernador tras un episodio turbio en la política del estado durante las elecciones pasadas. Y aunque como integrante de la República Mexicana enfrenta retos económicos importantes derivados de la pandemia, los rezagos observados no fueron tan severos como los de otras regiones. No por ello debe haber un menor nivel de exigencia a las propuestas de quienes aspiran a obtener un cargo público en el estado.
Mirar al pasado reciente debe ser el punto de partida del diseño de agenda económica para los candidatos. Durante los primeros nueve meses de 2020, el Producto Interno Bruto de BC se contrajo a una tasa menor a la observada a nivel nacional: mientras que su economía cayó en promedio -7.2 % en el periodo, la disminución generalizada del país fue más marcada, de -9.8 % anual. A pesar de que seis entidades sufrieron una caída menor, BC tuvo un logro notable: en 2020, fue uno de sólo tres estados que incrementaron la cantidad de empleos formales asegurados ante el IMSS en el mercado laboral. Mientras que la cifra a nivel nacional alcanzó una disminución de -3.2 % en el registro, Baja California vio números verdes, con un aumento de 3.1 %, el mayor incremento proporcional en el país. Con crisis encima, y enormes dificultades para sus habitantes, se generaron más trabajos con prestaciones requeridas por la ley que en el resto del país. Pero no sólo ha destacado durante la pandemia. En los 10 años previos a la crisis, su tasa promedio de crecimiento fue de 3.5 % anual, casi un punto porcentual por encima del promedio nacional de 2.7 %. La entidad ha mostrado incrementos continuos en la cantidad de empleos formales disponibles, con un promedio de crecimiento en su registro de empleos formales afiliados al IMSS de 4.3 % anual. Esto se traduce en mejores oportunidades para sus habitantes.
La industria manufacturera es clave para comprender los logros. El sector aporta uno de cada tres pesos producidos en el estado. El impulso proviene de las cadenas productivas establecidas con Estados Unidos, y potenciadas por el Tratado de Libre Comercio regional más importante del mundo por volumen, el TLCAN, y su sucesor, el T-MEC. Mientras en la década de los 80 la economía bajacaliforniana creció a una tasa promedio anual de 1.3 %, a partir de la firma del tratado en 1992 y su entrada en vigor en 1994, el promedio anual en la década de los noventa ascendió a 5.3 %. Es decir, un incremento de cuatro puntos porcentuales del PIB promedio entre una década y otra.
Si se reuniera a 100 bajacalifornianos empleados promedio, 26 de ellos trabajarían en la maquila; de estos, 22 tendrían acceso a cuidados en instituciones de salud como el IMSS, el ISSSTE, o alguna otra institución privada, prestación indispensable para los empleados y sus familias, particularmente cuando hay un virus que paraliza al país. En términos más amplios, mientras que 38 % de los trabajadores mexicanos tienen acceso garantizado a servicios médicos gracias a su empleo, en Baja California el porcentaje es de 59 %. Ese contagio sí es deseable: México necesita impulsar la economía formal en todas las industrias y regiones.
Uno de los indicadores que refuerza el éxito del mercado laboral del estado es la tasa de informalidad. Sin tomar en cuenta la población agropecuaria —que suele ocupar a más hombres que mujeres—, Baja California tiene la quinta tasa de informalidad laboral más baja del país, de 51.1 %, y el problema afecta a hombres y mujeres prácticamente en igual medida. En el resto del país, son las mujeres las que más suelen tener empleos sin un vínculo formal ni prestaciones de ley. En ese sentido, Baja California puede ser calificado como un estado más equitativo en la provisión de oportunidades para las mujeres con empleo. La igualdad de género tiene potencial para convertirse también en un rubro ejemplar del estado, sobre todo si se toma en consideración que las dos candidatas principales a la gubernatura —que concentran 80 % de la intención de voto— son mujeres.
Ahora bien: el desempeño positivo en algunos rubros de ninguna forma quiere decir que no haya aún retos que enfrentar. Hay pendientes pospandemia en Baja California que es urgente atender: al contemplar el mercado laboral total, que incluye empleos formales e informales, persiste la eliminación de casi 72,000 trabajos en el estado, una disminución de 4.2 % respecto a 2019. Además, deberá generarse un ambiente que propicie los negocios, pues entre mayo de 2019 y septiembre de 2020, más de un quinto (22 %) de todas las empresas que existían en el estado se vieron obligadas a cerrar definitivamente.
La Inversión Extranjera Directa es otro de los pilares que requieren el reflector de la acción política. A pesar de ser una economía profundamente interconectada con Estados Unidos, la IED dirigida al estado como proporción de la que llega a México ha ido en declive; mientras que en 1999 8.9 % de la IED que entró al país fue a Baja California, en 2009 ese porcentaje había disminuido a 4.6 % y en 2019 cayó a 3.2 %. Los votantes deberán ser exigentes respecto a la capacidad de las candidatas —ya sea Marina del Pilar (Morena-PT-PVEM) o Lupita Jones (PAN-PRD-PRI)— para proteger e incrementar la certeza jurídica que los inversionistas depositan en el estado, pues en meses recientes se ha visto afectada por decisiones tomadas por el Gobierno Federal. Casos como la cancelación de una inversión de 1,000 millones de dólares en Mexicali, o el decreto de expropiación de un Club Privado en Tijuana (decisión tomada por el gobierno estatal), podrían actuar en detrimento del éxito futuro del estado en caso de repetirse.
Por último, está el tema —no menor— de la pobreza laboral, situación en la que se encuentra una de cada cuatro personas que habitan en el estado (25.3 %), y que les impide acceder a una canasta básica de bienes y servicios con el ingreso laboral de su hogar. Aunque este porcentaje es, también, más bajo que el nacional (de 40.7%), cientos de miles de bajacalifornianos tienen dificultades para acceder a los bienes más esenciales para subsistir. Además, la proporción de la población en pobreza laboral en el estado era más baja hace una década y media: a finales de 2005, 12.2 % de los habitantes de Baja California enfrentaban esa situación.
El panorama parecería alentador al comparar con otras regiones del país, pero eso no exime de la responsabilidad a los y las candidatas de formular respuestas claras para abordar los temas más urgentes que atañen a las casi cuatro millones de personas que habitan en el estado. Además, para quien gobierne a partir de diciembre la octava economía más grande del país, será fundamental poder diferenciarse de las decisiones de política económica tomadas a nivel nacional cuando sea pertinente, aun en el caso de que los ganadores representen un mismo partido. Para conservar su estatus ejemplar, mejorar el bienestar social de su población, y reducir aún más los niveles de pobreza e informalidad laboral, Baja California debe mantener su autonomía y establecer sus prioridades conforme a sus necesidades específicas.
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