En México, ¿cómo vamos? presentamos cinco consideraciones clave para la agenda económica de la nueva administración, con el objetivo de lograr un desarrollo sostenido y compartido en México.
1. Dinamismo económico sostenido y sustentable para potenciar el progreso social.
- Incremento del PIB per cápita para superar los niveles de 2017 y retomar la trayectoria creciente que fue interrumpida en 2018. Que el crecimiento de lo producido por la economía esté por encima del crecimiento poblacional de manera consistente.
- Plan Nacional de Desarrollo que integre a todas las regiones del país en el potencial crecimiento económico de Norteamérica.
- Condiciones financieras que permitan la inversión en todas las unidades económicas, sobre todo en las mipymes.
2. Energía limpia y suficiente para el crecimiento.
- Transformar a Pemex en una empresa de energía.
- Estrategia que visibilice que la energía eléctrica es catalizadora de inversión, generación de empleos y crecimiento económico.
- Generar más energía limpia y facilitar la inversión privada en el sector.
3. Un mercado laboral dinámico con empleos de calidad y mayores ingresos para las y los trabajadores.
- Participación de más mujeres en el mercado laboral remunerado: Sistema Nacional de Cuidados.
- Transformar el mercado laboral mexicano en uno predominantemente formal: acceso a servicios de salud.
- Productividad laboral: inversión en innovación y desarrollo.
4. Estado de derecho: seguridad pública y certeza jurídica.
- Seguridad pública: garantizar la seguridad pública para todos los ciudadanos.
- Certeza jurídica: respetar las reglas del juego para atraer y mantener la inversión.
5. Fortalecimiento y sostenibilidad de la Hacienda Pública.
- Aumentar los ingresos públicos para cubrir gastos en salud, educación, seguridad pública y un sistema de cuidados.
- Repensar las asignación de recursos públicos: análisis de rentabilidad social y financiera.
- Sostenibilidad fiscal: evitar más deuda para gasto corriente.
- Dinamismo económico sostenido y sustentable para potenciar el progreso social
El ritmo de crecimiento de México es insuficiente, pues a pesar de que la economía en su conjunto ya recuperó su nivel previo a la pandemia, esta no ha sido capaz de mantener el ingreso al incorporar el crecimiento poblacional. Un pendiente heredado será revertir el estancamiento del PIB per cápita, el cual se encuentra en niveles cercanos al de 2017.
El crecimiento económico sostenido es condición necesaria para mejorar la calidad de vida de los habitantes. El Plan Nacional de Desarrollo debe fomentar la integración del sur-sureste con las cadenas productivas de Norteamérica. Históricamente, esta región se encuentra rezagada en los aspectos económico y social respecto al resto de la república, lo anterior explica que estados del sur-sureste se encuentran consistentemente entre las posiciones con menor progreso social. En la medida que la próxima administración busque integrar a esta región al dinamismo del resto del país, debe tomar en cuenta que la inversión llega y permanece en estados con un alto progreso social.
La estrecha relación entre México y Estados Unidos va más allá de ser principales socios comerciales; esta relación sugiere una confluencia socioeconómica, especialmente visible en los estados del sur de Estados Unidos y los del norte de México, en aspectos clave para el progreso social como la educación y la salud. La historia de éxito de Norteamérica es una oportunidad para revertir el rezago de la región del sur sureste y promover mejoras en el progreso social. Lo anterior, con el propósito de crear condiciones para atraer nuevas inversiones que, a su vez, fortalezcan el mercado laboral y mejoren la calidad de vida de las personas.
La inversión es un motor de crecimiento económico que genera empleos formales. Por lo tanto, es fundamental propiciar las condiciones financieras necesarias para que empresas de diversos tamaños inviertan, con especial énfasis en las Micro, Pequeñas y Medianas empresas; aquellas con menos de 250 trabajadores. Estas representan más del 99% de las unidades económicas del país y generan 7 de cada 10 empleos en México (ENOE, 1T2024). Sin embargo, el porcentaje de inversión en estas unidades económicas es de 24.5%, mientras que en las empresas grandes es de 75.6%.
Las MiPymes generan 46 de cada 100 pesos de valor agregado a la producción, siendo las microempresas las que menor valor agregado generan y las que emplean casi a la mitad de las personas ocupadas en nuestro país. La productividad en el agregado se encuentra en niveles del 2009, por lo que no priorizar medidas que faciliten el crédito al financiamiento es un gran obstáculo para que estas unidades económicas crezcan, generen más empleo y sean más productivas.
- Energía limpia y suficiente para el crecimiento
Las Empresas Productivas del Estado, Pemex y CFE, deben contribuir a detonar el crecimiento del país, no a frenarlo. Actualmente, el 75% de la energía es generada a través de fuentes convencionales, es decir, combustibles fósiles. Esto contradice la transformación energética del mundo, los esfuerzos de las empresas que buscan reubicarse en Norteamérica, los acuerdos internacionales y el Artículo 4º Constitucional que garantiza el derecho humano a un ambiente sano.
La inversión en el sector energético será clave para detonar mayores inversiones y proyectos. La composición de la inversión en nuestro país es en mayor proporción privada, representa más de un 20% del PIB y constituye el 85% de la inversión total, por lo que no priorizar infraestructura de generación de energía limpia es una oportunidad pérdida.
- La transición a la electromovilidad será una de las oportunidades clave para nuestro país, dada nuestra cercanía a Estados Unidos y la fortaleza del sector manufacturero.
- Un mercado laboral dinámico con empleos de calidad y mayores ingresos para las y los trabajadores
La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2022, reveló que cerca del 70% de los ingresos de los hogares son ingresos laborales. Es decir, 7 de cada 10 pesos del ingreso corriente de los hogares provienen del trabajo. Por esto, las oportunidades y composición del mercado laboral son fundamentales para mejorar la calidad de vida de los hogares.
Las políticas que incrementen los ingresos reales son esenciales para el bienestar de las familias. Sin embargo, es importante tener en cuenta que en México el 54.3% de la población ocupada trabaja en la informalidad. Esto resalta la necesidad de aumentar los ingresos junto con implementar políticas dirigidas a reducir la informalidad laboral, con una perspectiva de género.
A pesar de los avances observados en los últimos años, tanto en el empleo formal como en el informal en términos de incremento real en las remuneraciones promedio, es importante destacar que aún persisten disparidades significativas. Con datos al primer trimestre de 2024, el ingreso promedio de un empleo formal ha aumentado 7.8% real anual, mientras que de uno informal este incremento ha sido de 5.4% real anual (eliminando el efecto de la inflación).
Reconociendo la gran importancia del ingreso laboral para las familias, queremos un México que supere los tres grandes retos del mercado laboral:
- La baja participación de las mujeres en el mercado laboral remunerado, por debajo de economías latinoamericanas. Al 1T2024, la tasa de participación de los hombres es de 75.9%, mientras que la de las mujeres es 45.9%, ¡una brecha de 30 puntos porcentuales!
¿Qué necesitamos?
#PropuestaMCV → Establecer políticas para incrementar la participación de las mujeres demanda reconocer que una de las barreras de entrada al mercado laboral es el uso del tiempo en tareas del hogar y de cuidado no remunerados.
Por lo tanto, la instauración de un Sistema Nacional de Cuidados es primordial. Las mujeres necesitamos guarderías, estancias infantiles, escuelas de tiempo completo, centros de cuidado de adultos mayores y personas con discapacidad para poder tener la opción de participar en trabajos remunerados.
- Un mercado laboral predominantemente informal. Al primer trimestre de 2024, la tasa de informalidad laboral fue 54.3%, una reducción de (-)0.8 puntos porcentuales en su comparación anual. No obstante, la tasa ha sido mayor a 54% desde que se tiene registro (a excepción de la caída observada por el impacto de la pandemia), lo cual refleja la persistencia del problema en el mercado laboral mexicano.
Es importante señalar que una persona en informalidad laboral no necesariamente se encuentra en el sector informal de la economía, también es considerado el trabajo doméstico remunerado, el ámbito agropecuario y el empleo informal en empresas, gobierno e instituciones (sector formal de la economía).
¿Qué necesitamos?
#PropuestaMCV → Estrategia para incentivar que las empresas, en especial las MiPymes, generen más empleos formales.
- La baja productividad laboral. La productividad laboral en el agregado se encuentra en niveles del 2009. En cuanto a la productividad por actividades económicas, las actividades primarias (agricultura, ganadería y pesca) son las únicas que han mantenido un crecimiento promedio positivo en en los últimos 5 y 10 años. En el último año, las actividades secundarias comienzan a mostrar crecimiento, mientras que las terciarias se encuentran estancadas.
¿Qué necesitamos?
#PropuestaMCV → Inversión en capacitación y en Innovación y desarrollo.
- Estado de derecho: seguridad pública y certeza jurídica
El nivel de inseguridad imperante en México es una de las condiciones determinantes que impiden a su población desarrollarse de manera plena.
De acuerdo con los resultados del Índice de Progreso Social (IPS), una medición holística del desempeño social de un país o entidad que es independiente de factores económicos, en el componente de Seguridad Personal se presentan importantes disparidades regionales a lo largo del territorio de nuestro país. En particular, en estados como Colima, Zacatecas y Guanajuato el deterioro en el tiempo de este componente es evidente.
Entre las variables que se toman en cuenta para la medición del componente de Seguridad Personal del IPS se encuentra la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes. Esta variable evidencia que, mientras en Yucatán llega a ser cercana a 2, en Colima se acerca a los 100; reflejo de la complejidad del problema en el territorio nacional, cuya solución debe partir de reconocer las necesidades específicas de cada estado.
Por su parte, la variable de índice de crimen organizado también muestra las complejidades regionales en el país. Mientras en Tlaxcala, Chiapas y Yucatán este índice se mantiene bajo, en Nuevo León, Zacatecas y Colima presenta niveles elevados.
Finalmente, el componente de Seguridad Personal también integra la percepción de inseguridad de la población de cada entidad. Resulta alarmante que en ocho entidades del país más del 80% de su población se sienta insegura, empezando por Zacatecas, donde el 92% de sus habitantes no se sienten seguros.
México cuenta con la oportunidad de tener un mayor crecimiento económico por la atracción de inversión asociada a la relocalización de cadenas productivas hacia nuestro país (nearshoring), pero un entorno que no garantiza la seguridad no será atractivo para la inversión. El nearshoring no se reflejará en un crecimiento y desarrollo sostenido e incluyente si no se fortalece la seguridad y el Estado de derecho a lo largo de las regiones del país.
- Fortalecimiento y sostenibilidad de la Hacienda Pública
México necesita más ingresos públicos para incorporar a los 50 millones de mexicanos que no tienen acceso a servicios de salud (31.6 millones más que en 2016) y mejorar la atención para quienes ya lo tienen. La salud es uno de los pilares fundamentales del progreso social, por lo que garantizar el acceso para toda la población se vuelve primordial.
Además de garantizar la educación media superior en todos los estados y resarcir el rezago educativo. En 2022 se registran 25.1 millones de personas con rezago educativo; 2.8 millones más que en 2016.
El fortalecimiento de la Hacienda Pública demanda repensar el gasto público y exigir análisis de rentabilidad social y financiera de los programas e inversión pública. Esta evaluación es fundamental, pues queremos inversiones que no solo impulsen un crecimiento temporal en los estados, sino que generen un mayor progreso social y un crecimiento sostenido e incluyente.
¿Cómo será la consolidación fiscal para 2025? No parece sensato recortar el gasto programable donde se encuentra el gasto en salud, educación y seguridad pública, pero tampoco mantener la misma dinámica de gasto que se hereda de la administración que termina sin una estrategia que permita incrementar los ingresos públicos.
En resumen, cualquier versión de consolidación fiscal demanda un ajuste en la forma en la que se ingresa y se gasta el dinero público.
Por ejemplo, los ingresos públicos del país se han reconfigurado en los últimos años; a pesar de que se recaudan cada vez más impuestos, los ingresos petroleros son también cada vez más escasos y las presiones de gasto no ceden (México Evalúa). El país debe tener una estrategia de ingreso y gasto que sea sostenible en el largo plazo, y que considere un menor dinamismo económico en 2025.
Para ello, se necesita una estrategia que eleve los ingresos públicos, revise la eficiencia del gasto público y recurra en cierta medida al endeudamiento (CIEP).En México, ¿cómo vamos? ponemos a consideración de la próxima presidenta la agenda económica necesaria para que nuestro país tenga desarrollo social sostenido y compartido.
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