El pasado 30 de septiembre, el ejecutivo federal envió al Congreso de la Unión, para su discusión, una propuesta de modificación constitucional que cambia de tajo toda la organización industrial desarrollada en la industria eléctrica nacional en los últimos 30 años. Se argumenta, como lo hemos escuchado varias veces, que se da preferencia a las plantas privadas que generan electricidad, lo que ha provocado que actualmente la CFE solo aporte el 38% de toda la generación eléctrica nacional, cuando podría aportar el 54%.
Por esa razón, se modifican de raíz todas las reglas del juego que permitían la participación de generación privada, para establecer que la CFE ahora va a generar al menos el 54% de la electricidad y que el restante 46% será comprado directamente por esta empresa a los privados, en los términos en los que la misma decida.
Pero la iniciativa no termina ahí. De manera sorpresiva, invade la transición energética, dejándola dependiente totalmente de la CFE, con lo que México estaría sujetando el proceso más importante y complejo que tiene que enfrentar la raza humana para asegurar su supervivencia, a las posibilidades y disponibilidad de una sola empresa del Estado mexicano.
Recordemos que la transición energética es la ruta a través de la cual la humanidad irá abandonando el uso de los hidrocarburos como energía, para ser sustituido por energía eléctrica sin emisiones contaminantes. Este esfuerzo monumental, requiere, entre otras cosas, de un desarrollo tecnológico absolutamente innovador. Y para que México esté en posibilidades de alcanzarlo, es indispensable contar con condiciones de certeza legal, mucha inversión privada y, no hay duda, una fuerte, muy fuerte intervención del Estado.
Para entender todo este entramado, voy a resumir la propuesta en sus puntos principales:
- Solo la CFE podrá hacerse cargo de todos los servicios necesarios para que los consumidores mexicanos, es decir, las residencias, toda la industria, todos los comercios y servicios, tengan energía eléctrica en los lugares en los que lo necesitan. Esto es, se determina que la electricidad completa un área estratégica.
- Se cancelan todos los permisos y contratos que permitieron desarrollar plantas de generación eléctrica por parte de la iniciativa privada. En este sentido, también los contratos que nos permiten generar energía con celdas solares en el techo de nuestras casas o negocios, están amenazados.
- La CFE se hará cargo de comprar la energía producida por el sector privado, quien no podrá aportar más del 46% de la demanda nacional, en los términos en los que ella misma lo defina.
- La CFE se autodeterminará sus tarifas y queda a cargo de la planeación integral de todo el sistema eléctrico nacional. Esto es, cada electrón requerido por el país, así como la forma en que el mismo llegará hasta donde se necesite, va a necesitar de la aprobación de la CFE para estar disponible.
- Desaparece el regulador de la CFE, esto es, la Comisión Reguladora de Energía, aunque de manera sorpresiva, se incluyó también la desaparición del regulador de contratos petroleros, la Comisión Nacional de Hidrocarburos. De esta manera, esta reforma también abarca el sector hidrocarburos ya que el marco legal que implica desde la exploración y producción de petróleo y gas, hasta la estación de servicio donde cargamos gasolina quedan sin regulador. Ahora la Secretaría de Energía va a absorber estas facultades.
Detengámonos un poco en la transición energética. La iniciativa abarca prácticamente la totalidad de la economía nacional. Establece que todas las actividades relacionadas con la transición energética, serán prioritarias y quedan a cargo de la CFE. Será entonces la empresa eléctrica, la encargada de emitir política industrial, que incluirá desde el aprovechamiento de recursos naturales, hasta manufactura de equipos, ciencia, tecnología; equipos críticos. El concepto, así como está planteado, es tan amplio que podría incluir cualquier actividad económica. La que determine la CFE.
Se establece que el litio y cualquier otro mineral que intervenga en la transición energética (si dice cualquiera quiere decir eso, no olvidemos que la transición es innovación, por lo que aquí, eventualmente podría caer cualquier mineral). Estos minerales entonces también quedan a cargo del propio estado mexicano.
Y estos son los puntos principales del proyecto enviado al Congreso. Espero dejar claro que la iniciativa abarca mucho más allá del sector eléctrico. Sus efectos, desafortunadamente, pueden ser terriblemente dañinos para el país.
Vale la pena recordar que es verdad que las plantas de la CFE se utilizan menos que las privadas y eso por supuesto tiene un costo para el Estado. Es cierto también que los empleados de la CFE de manera natural se perciben amenazados cuando ven que las plantas que operan cada día se utilizan menos. Pero esto es resultado de una evolución tecnológica que permite que las plantas privadas sean modernas, con tecnología renovable, y más baratas.
Desafortunadamente también estamos viendo aquí una preferencia ideológica: la CFE quiere generar electricidad, una actividad en la que no es eficiente, y no quiere dedicarse a desarrollar redes de transmisión y de distribución, áreas que el marco constitucional actual reservó de manera exclusiva para esta empresa.
Termino mi explicación reiterando mi total apoyo a la idea de tener empresas del Estado fuertes, pero no concibo que dicha fortaleza se obtenga anteponiendo los intereses de una empresa a los de los mexicanos, quienes a cambio, tendremos que sacrificar nuestra salud, la posibilidad de tener nuevos empleos, y cargar con una deuda por el pago de las expropiaciones, que va a comprometer el futuro de varias generaciones.
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Rosanety Barrios (@RosanetyBarrios) es Analista del Sector Energético, Consejera Fundadora del grupo Voz Experta, miembro del Consejo Directivo de la Asociación Nacional de Energía Solar (ANES) y experta México, ¿cómo vamos?
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