Abrimos el año con un aumento en el salario mínimo de 22% nominal por consenso entre los tres sectores involucrados: obrero, patronal y gobierno. Es una buena noticia este aumento para 6.5 millones de los trabajadores con un empleo formal según cifras oficiales, sobre todo porque el poder adquisitivo de esas personas aumentó en 41.3% en términos reales con los tres aumentos previos (2019, 2020 y 2021).
Sin embargo, este último aumento es aún insuficiente para los cerca de 14 millones de personas que tienen un empleo informal y ganaban hasta un salario mínimo el año pasado, puesto que en un empleo informal (sin vínculo laboral legalmente reconocido) el salario mínimo no es ni siquiera una sugerencia. Es decir, el salario mínimo sólo beneficia a quienes tienen un empleo formal.
Y es que en México los sueldos de los empleos informales están, en promedio, muy deprimidos. Veamos: el salario promedio de un trabajador con empleo informal es 47% menor que el de un trabajador con un puesto de trabajo formal. En ese sentido, estos aumentos al salario mínimo son una medida en el sentido correcto, pero puestos en perspectiva sólo benefician al 11% de la población que trabaja y apenas deja a esos trabajadores con un poder adquisitivo similar al que tenían quienes ganaban un salario mínimo ¡en 1985!
La prohibición de subcontratar a personal no especializado, conocida como la reforma del outsourcing, dejó a casi tres millones de trabajadores en un limbo laboral en que ha sido difícil y lento recolocarse, y quienes lo han podido hacer posiblemente lo hicieron en empleos informales. Pero es una reforma en el sentido correcto pues en el largo plazo dejará de crecer esta oferta laboral de subcontratación no especializada que había estado incrementando su crecimiento acelerado desde 2006.
La subcontratación no especializada provocaba un incremento en empleos mal pagados, sin prestaciones o con prestaciones limitadas y con muchas limitaciones para el desarrollo personal y profesional de los trabajadores. Y pues ahora no es cosa menor reinsertar al personal que no pudo ser absorbido por las grandes empresas al mercado laboral formal.
Para ello necesitaríamos estímulos del gobierno, del SAT y del IMSS, para crear más micro, pequeñas y medianas empresas formales, que pudieran obtener créditos fiscales o prerrogativas en el pago de cuotas a cambio de capacitar y contratar a quien fuera personal subcontratado. De sobra sabemos que en México no hemos visto una política suficientemente ágil para promover más empresas formales, ni rescatar al 1.6 millones de negocios que desde 2019 ha cerrado.
Una alianza entre empresas, gobierno y escuelas técnicas sería una de las mejores ideas en este momento para las personas que, ya sea por la reforma de outsourcing o por la evolución del mercado laboral pospandemia, pudieran reinsertarse en empleos de calidad.
Finalmente, la minuta aprobada en noviembre de 2020 para darle respaldo legal a un sistema nacional de cuidados fue un primer paso, aún inconcluso, para la creación de un mecanismo que le permitiría a más mujeres salir a trabajar, buscar trabajo o emplear a quienes están dispuestas a hacerlo.
No es un tema de caridad hacia el 52% de la población; claramente es un tema de justicia social, pero también es un problema económico nacional: perdemos mano de obra para la producción e incrementamos la vulnerabilidad de los hogares encabezados por mujeres, que son alrededor de un tercio.
Es momento de que hombres y mujeres se puedan incorporar a trabajos remunerados en beneficio de todos. Porque hoy, sólo cuatro de cada 10 mujeres de 15 años y más trabajan o buscan trabajo, mientras que esta proporción en hombres es de siete de cada 10.
Hay muchos pendientes económicos en el país, pero pensar en cómo resolver los grandes retos del mercado laboral es un buen comienzo. Vivimos en un país en el que seis de cada 10 empleos son informales, no tienen seguridad social, prestaciones ni reconocimiento legal. Empezar por fomentar la contratación de personal en mejores condiciones es una obligación del Estado mexicano.
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Nota del editor: Sofía Ramírez Aguilar ( @Sofia_RamirezA ) es economista y directora México, ¿cómo vamos? Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente a la autora.
