El pasado 24 de mayo el presidente López Obrador anunció que habíamos adquirido la mitad de la refinería de Deer Park de Shell en Houston, la otra mitad ya era propiedad de Pemex. Nuestro dinero pagará la operación anunciada en 600 millones de dólares y una deuda que puntualizó el director de Pemex de 980 millones de dólares. Este artículo no pretende mostrar un análisis profundo de cómo se deteriorará el perfil crediticio de Pemex y en consecuencia el del país, sino abrir un debate sobre si los más de 12 mil millones de pesos en una época caracterizada por varias crisis en México resulta oportuno y prudente comprar una refinería en el extranjero.
Primero, en los meses más complicados de la pandemia, que al momento de escribir estas líneas ha cobrado en México más de 223 mil vidas y ha contagiado a 2.4 millones, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, nos explicó que no era posible que el gobierno diera más apoyos fiscales a las personas y empresas ya que se estaría poniendo en riesgo la sustentabilidad de las finanzas públicas del país. De hecho, México únicamente ha destinado el 1.9% del PIB en medidas tanto de gasto adicional como de garantías de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, lo que lo coloca en el último lugar de los países emergentes en cuanto a medidas fiscales implementadas.
Segundo, en la conferencia del 26 de mayo, el presidente explicó que una parte de los recursos para la compra de la refinería provendrían de lo que queda del FONDEN -el Fondo de Desastres Naturales-. Mientras que la comunidad internacional busca mecanismos para mitigar los efectos del cambio climático en las poblaciones más vulnerables, nuestros gobernantes invierten nuestros ahorros en una refinería en otro país. Sin duda resulta lógico pensar que la adquisición de Deer Park es un buen negocio cuando tenemos la comparación de que la refinería de Dos Bocas tendrá un costo estimado de catorce veces el costo de Deer Park. Pero los proyectos no rentables del gobierno nunca deben ser una justificación para utilizar los ahorros etiquetados para ayudar a la población en caso de desastres.
Al día siguiente, el secretario Herrera precisó que los recursos de la compra de la refinería provendrán del FONADIN y no del FONDEN. Al primer trimestre de 2021 aún estamos 2.1 millones de trabajos por debajo de los que teníamos al primer trimestre de 2020, por lo que resultaría oportuno pensar que gobierno desarrollara proyectos de infraestructura dentro del territorio nacional para generar empleos de calidad. Estas obras de infraestructura podrían ser financiadas justamente por el Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN). Sin embargo, lo estamos utilizando para comprar activos en el extranjero, en un estado norteamericano con una economía más dinámica que la de todo nuestro país.
Tercero, la promesa de que para el año 2023 seremos independientes en la producción de gasolina y diésel y no aumentarán los precios de los combustibles tiene una implicación negativa para el desarrollo sustentable e incluyente de nuestro país. El precio de los energéticos está determinado por el mercado internacional -sujeto a tensiones geopolíticas, expectativas económicas, interrupciones en el comercio internacional como el bloqueo en el Canal de Suez, entre otras y no por decreto presidencial. Si se decidiera subsidiar la diferencia entre el precio internacional y el precio doméstico incurriríamos en gastos mayores aún no presupuestados. Lo que definitivamente crearía presiones a las finanzas públicas y el gobierno tendría aún menos recursos para el gasto social, esto es gasto en salud, educación e infraestructura, por mencionar algunos.
Una problemática adicional de que nuestra soberanía en hidrocarburos radique en el extranjero es que estará sujeta a la regulación de Estados Unidos; debemos considerar que en la agenda del presidente Joe Biden hay un fuerte compromiso para combatir el cambio climático y alcanzar la neutralidad de emisiones para 2050. Lo que podría implicar sobrecostos a la refinación en territorio norteamericano. Es claro que el gobierno de México vive en el pasado donde los energéticos únicamente provenían de los hidrocarburos, en un momento crucial donde los países y empresas de todo el mundo se están moviendo hacia energías limpias, México sigue apostando por energías no renovables.
Finalmente, los recursos públicos deben de ejercerse con transparencia y los ciudadanos tenemos el derecho de exigir la rendición de cuentas de estos, qué análisis técnicos, financieros y sociales se realizaron para determinar que la compra de la mitad de la refinería de Deer Park era benéfica para los mexicanos. La respuesta de las autoridades debe ser más contundente que un “pedimos la autorización del presidente” (Romero Oropeza, 2021).
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* Adriana García (@Adri_35) es investigadora en México, ¿cómo vamos?
