Los gobiernos tienen dos herramientas para enfrentar las crisis: la política fiscal -en México conducida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)- y la monetaria, dirigida por el Banco de México. La pandemia del COVID-19 y las crisis que desencadenó en México pusieron a prueba la aplicación de la austeridad republicana en tiempos adversos y, a diferencia de los países que implementaron políticas contracíclicas para reactivar su economía, en México al primer trimestre de 2021 la inversión pública sólo representa el 2.4% del PIB.
La inversión es de los principales motores de la economía, ya que además de crear empleos de calidad genera infraestructura que en los siguientes años será utilizada para poder aspirar a un crecimiento económico sostenido. Desafortunadamente, la inversión total en el país es insuficiente para detonar la recuperación post COVID y crecimiento de largo plazo. Al primer trimestre de 2021, representó el 19.4% del PIB, en México ¿cómo vamos? tenemos una meta de que la inversión represente al menos el 24% del PIB.
El paquete fiscal total de México para enfrentar la crisis del coronavirus fue únicamente de 1.9% del PIB de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Esto incluye medidas tanto de gasto adicional -medidas por encima de la línea- que a marzo de 2021 fueron 0.7% del PIB, como garantías y créditos -medidas por debajo de la línea- 1.2% del PIB que en su mayoría fueron préstamos de la banca de desarrollo. En situación de crisis, los gobiernos deben implementar políticas contracíclicas para evitar que la crisis económica se convierta en una severa crisis social. Ante la pandemia, la respuesta del gobierno de México para evitar que miles perdieran su trabajo formal y que aumentara la población vulnerable identificada principalmente como las personas que se encuentran en pobreza laboral –39% de la población al primer trimestre de 2021-, dista mucho de ser consistente con la segunda economía más grande de América Latina.
El gobierno ha utilizado la inversión pública como medida contracíclica en otras crisis, como en la crisis financiera de 2008, cuando esta al primer trimestre de 2009 llegó a ser el 6.2% del PIB y presentó un crecimiento promedio anual de 18.9%; situación radicalmente distinta a la actual, cuando representa el 2.4% del PIB y en comparación con el primer trimestre de 2020 se contrajo 6.1% anual. Este dato debe aprovecharse para evaluar los resultados de una política fiscal restrictiva en medio de una crisis y en caso de que no sean los resultados deseados, empezar a enmendar el camino de la política fiscal sin comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas. La SHCP tendrá la oportunidad con el nuevo secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, de revisar el papel que tiene la banca de desarrollo en la reactivación económica pero principalmente en la construcción de infraestructura social que permita el desarrollo económico incluyente.
La inversión pública no debe sustituir a la inversión privada ya que sus fines son distintos, pero las políticas públicas y la certidumbre jurídica son condiciones necesarias para el fomento de la inversión privada. En este sentido, la administración federal ha generado incertidumbre a los inversionistas privados nacionales y extranjeros con la cancelación de obras como el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México e iniciativas de ley contraria al respeto de los contratos en el sector energético y en la cadena de valor de hidrocarburos. Por otra parte, la conducción de la política pública debe estar orientada hacia el desarrollo sustentable e innovación que permitan la atracción de capital nacional y extranjero hacia actividades rentables y deseables en el combate al cambio climático. En el siglo XXI difícilmente seremos un destino de inversión con planes de desarrollo sustentados en energías fósiles.
El gobierno tiene la capacidad y la obligación de hacer que se mueva este motor de la economía y no sólo regresar a los niveles prepandemia, sino aprovechar para cerrar las brechas en el país. La inversión pública por su naturaleza debe tener una rentabilidad social, esto es proveer a la población de herramientas para poder construir un mejor futuro como son educación, salud, infraestructura en telecomunicaciones y provisión de servicios básicos como agua y energía. La austeridad republicana no tiene sentido si se sacrifica nuestro presente y futuro. Es momento de repensar el papel del Estado como detonador de desarrollo social y una propuesta inicial es aumentar la inversión pública como porcentaje del PIB.
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* Adriana García (@Adri_35) es coordinadora de análisis económico en México, ¿cómo vamos?
