Entre las muchas repercusiones que la crisis por covid-19 ha tenido sobre la economía mexicana, el incremento ocasionado en la pobreza es de particular gravedad, ya que además de ser más difícil de solucionar, genera consecuencias a largo y mediano plazo para la población y la economía del país. En el año transcurrido desde el inicio de la pandemia, alrededor de 5 millones de personas se han sumado a la población en situación de pobreza laboral, y de acuerdo con cifras publicadas por el Coneval esta semana, 50 millones de personas viven con ingresos laborales insuficientes en el hogar para cubrir las necesidades alimentarias de todos sus miembros.
El incremento de la pobreza laboral en el país se suma a otros efectos ocasionados por la crisis: la caída en producción, la pérdida de empleos y la caída en los ingresos de la población, por nombrar algunos. Sin embargo, a diferencia de otras consecuencias de la crisis, el problema de la pobreza es mucho más complicado de resolver. Mientras que en términos de producción y número de empleos la recuperación se puede alcanzar conforme la economía reabre y se repone gradualmente, reducir los niveles de pobreza laboral presenta un reto mayor. Para hacerlo, no sólo es necesario recuperar los empleos, también se debe lograr una recuperación de los ingresos que los trabajadores percibían como producto de sus ocupaciones, y generar recursos suficientes para compensar el crecimiento de la población del país.
Históricamente, esto ha representado un desafío para México: después de la crisis financiera global de 2008, la pobreza laboral tuvo un incremento notable y, a más de 10 años del suceso, la pobreza laboral en el país no ha logrado regresar a los niveles que tenía antes de aquella crisis. Además de presentar un problema en términos inmediatos para la población del país (que 4 de cada 10 mexicanos no hayan tenido recursos suficientes para cubrir sus necesidades alimenticias representa una incapacidad del país y su sector público para garantizar un buen nivel de vida a todos los ciudadanos), altos niveles de pobreza generan otros problemas para los habitantes más marginados.
Vivir en una situación de pobreza laboral no sólo implica una incapacidad económica para adquirir alimentos y bebidas para una familia, sino que supone también un menor acceso a derechos y peores condiciones de vida, con menor acceso a educación, a servicios de salud y a espacios adecuados de vivienda. Los rezagos generados por la pobreza en el acceso a educación para la población son preocupantes: como resultado de ingresos bajos e infraestructura insuficiente, entre otros factores, los estados con mayores niveles de pobreza laboral (Chiapas, Oaxaca y Guerrero) también tienen rezagos educativos más notorios, y entre 20% y 30% de la población de esas regiones no cuenta con una educación básica.
Con un menor acceso a educación suficiente y de calidad, las personas en pobreza laboral (sean adultos o menores de edad) tienen menores posibilidades de desarrollo y movilidad social. Al estar menos capacitadas, sus perspectivas laborales y económicas se reducen, y afectan no sólo las condiciones de las personas y sus familias, sino también el bienestar de las generaciones futuras. Así, no sólo se genera un círculo vicioso para la calidad de vida de la población en pobreza laboral y sus descendientes, sino que se perpetúa la desigualdad de oportunidades en México, ya que aquellos con mayores recursos económicos seguirán teniendo un mayor acceso a educación de calidad y posibilidades de una mejor calidad de vida.
Evidentemente, la pobreza laboral existía como foco rojo en México desde antes de la llegada de la pandemia, y requiere de cambios estructurales y políticas estratégicas para detonar mayor movilidad social, desarrollar la economía y el mercado laboral y generar mayores recursos para la población. Es un problema que requiere de políticas públicas integrales; planes sencillos de transferencia de recursos, por ejemplo, pueden solucionar el problema inmediato de acceso a alimentos, pero hacen poco para dar certeza económica a las familias más marginadas, y no mejoran sus posibilidades para generar mayores recursos en el futuro y salir de la pobreza. La solución, entonces, depende de un esfuerzo sólido, con estrategias que vean a largo plazo y vayan más allá de los resultados inmediatos, de la recuperación económica post-covid e, incluso, de la visión sexenal que ha aquejado a gobiernos mexicanos por décadas.
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Ana Bertha Gutiérrez Jiménez es Coordinadora de Investigación en México, ¿cómo vamos?. Las opiniones expresadas en este texto son a título personal e independientes de cualquier organización.
