En México no vamos bien con la inclusión financiera de la población a pesar de los avances tecnológicos que han sido disruptivos en la forma en la que interactuamos en sociedad.
Escribir sobre el estado de inclusión financiera en el país no puede separarse del acceso a tecnologías móviles. La economía digital nos pide como requisito indispensable para participar, contar con algún producto financiero. Ya sea que queramos pedir un alimento, acceder a transporte privado o suscribirnos a una prueba de un medio de comunicación.
Así de importante es implementar programas y políticas públicas para atender a los ciudadanos para que no seamos excluidos. Además, la inclusión financiera es un habilitador para el progreso social y un detonante de productividad que necesitamos para que México crezca de forma sostenida e incluyente.
Así, hoy tener acceso a productos financieros no solo nos da la oportunidad de trasladar ingreso del presente al futuro a través del ahorro o viceversa a través del crédito, sino también nos permite acceder a bienes y servicios en el presente. Los esfuerzos del gobierno federal por incentivar el acceso de la población a productos de ahorro comienza con la creación del Patronato de Ahorro Nacional (PAHNAL) en 1949 y que en la década de los 90s implementaría un programa con el objetivo de llegar a las comunidades rurales, a través de productos de ahorro que podían ser adquiridos en las oficinas de correo.
En el 2001, el gobierno federal convirtió el PAHNAL en una institución de banca de desarrollo; se conocería como el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), con el objetivo de atender a la población de bajos recursos que no tiene acceso a la banca comercial.
En esta Administración cambiaría de nombre a Banco del Bienestar. Pero a pesar de estos esfuerzos, la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera ( ENIF ) presentada en noviembre de 2018 destaca que estos programas no han alcanzado para que la mitad de la población tenga una cuenta bancaria.
Este dato es más alarmante en las comunidades rurales, ya que este porcentaje no alcanza al 30% de la población de acuerdo con el Banco Mundial . Al compararnos con países de Latinoamérica, México se encuentra rezagado. De acuerdo con America Martket Intelligence , en Brasil el 88% de la población tiene una cuenta bancaria, en Chile el 82% de la población y en Argentina y Colombia el 60% de la población.
Por otro lado, está la adopción de plataformas de pago digitales. Las autoridades financieras mexicanas como el Banco de México promueven el uso de plataformas de pagos digitales, como lo es CoDi , para que más personas se integren al ecosistema digital y se beneficien de transacciones seguras, sin efectivo y sin comisiones desde su dispositivo móvil.
La inclusión financiera debe ser promovida en dos líneas distintas: por un lado, la incorporación de más personas a tener una cuenta bancaria, y por otro, promover la adopción de los medios digitales.
Una política transversal que ayudaría a que las y los mexicanos tengamos mejores condiciones de vida es modificar las características del mercado laboral. Los trabajadores que tienen un empleo informal tienen menos oportunidades de acceder al crédito comercial e hipotecario, ya que carecen de comprobantes de nómina con los que pudieran respaldar su solvencia económica. Esto impide a las instituciones bancarias a otorgarles créditos.
En esta misma línea, políticas que integren a la formalidad a las mipymes tendrían un efecto multiplicador positivo, ya que estas empresas tendrían acceso a créditos, además de programas federales como el extinto Programa de Apoyo Financiero para Microempresas Familiares y el gobierno federal incrementaría la recaudación tributaria.
Para que México tenga un desarrollo social incluyente es necesario que la mayoría de la población cuente con acceso a productos financieros y así pueda participar de la economía digital. Para ello, es necesario que este tema sea parte fundamental de la discusión pública para democratizar el acceso a productos financieros.
Nuestras autoridades deben proponer y vigilar un marco regulatorio que sea capaz de proteger los recursos de los mexicanos (captación de recursos) y al mismo tiempo que promueva un mercado financiero sustentable que incluya a las fintech en toda la gama de servicios financieros.
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Nota del editor: Adriana García es investigadora enMéxico, ¿como vamos? , que registra a detalle el crecimiento económico del país. Las opiniones expresadas en esta columna corresponden exclusivamente a la autora.
