Las mujeres en México queremos salir a trabajar —incluso desde antes de la pandemia—, pero enfrentamos una serie de restricciones invisibles.
En primer lugar, las mujeres mexicanas trabajan en empleos informales en mayor proporción que los hombres: 1.1 mujeres por cada hombre, en promedio. Trabajar en condiciones de informalidad es, además, sinónimo de un menor ingreso, de no tener seguridad social, indemnización en caso de despido ni servicio de guarderías para cuidar a las crías.
Y es que los roles familiares y sociales asignados a las mujeres han propiciado que la ausencia de acciones del Estado no sean realmente un tema en este rubro. ¿Falta atención para personas enfermas y de la tercera edad? Para eso están hijas y hermanas. ¿Se necesitan guarderías? Que los cuiden madres o abuelas. ¿Una pandemia clausura las escuelas? Que las mujeres del hogar se hagan cargo de la educación. Y si necesitan ingresos, entreguemos dinero, pero cerremos las estancias infantiles porque para cuidados están las mujeres.
Para acentuar la vulnerabilidad laboral, las mujeres ganamos en promedio 85 pesos por cada 100 que ingresan los hombres por realizar el mismo trabajo, brecha que se amplía entre los grupos de menor ingreso y ante la presencia de niñas o niños en el hogar. Por cada 100 pesos que ingresa un hombre que no tiene menores a su cuidado, una mujer con niñas y niños a su cargo gana 76 pesos. Es decir: la brecha salarial se explica en dos terceras partes por discriminación hacia las mujeres, pero en una tercera parte por los roles de cuidados.
Y mientras las mujeres estaban a cargo del hogar, ganando menos que los hombres, el Estado desapareció —en 2019 y sin suficiente escándalo mediático— el Programa de Estancias Infantiles, que un año antes atendió a más de 300 000 menores en 9566 estancias. Fue sustituido con transferencias monetarias para las madres que así lo soliciten, pero con la mitad del presupuesto asignado.
Este nuevo esquema de transferencias y no de estancias infantiles es un problema de varias aristas. La primera es que se pierden dos empleos, no sólo uno. Tanto el de las mujeres que están quedándose en casa en vez de salir al mercado laboral como el de quien cuidaría de sus hijas e hijos a cambio de un pago.
El segundo problema es el costo de oportunidad de las cuidadoras. Un tercio de los hogares en México están encabezados por una mujer y cuatro de cada diez mujeres (de 15 años o más) trabajan o buscan empleo. Cuando niñas y niños no se quedan a cargo de la madre sino de otras personas, generalmente son mujeres (hermanas, sobrinas) quienes lo hacen, eso provoca que renuncien a estudiar o trabajar. Es decir: aún con los 1600 pesos bimestrales que hoy ofrece el programa, existe una pérdida de bienestar porque una mujer se queda en casa.
El tercer problema es la pobreza en los hogares con más mujeres. Puesto que las mujeres no vivimos aisladas de los hombres, en las familias con más mujeres la pobreza es una amenaza latente debido a la brecha salarial, a la asignación de roles de cuidados y crianza, y a la mayor vulnerabilidad en el empleo. En promedio, por cada hombre en pobreza laboral hay 1.2 mujeres, en detrimento de los hogares con más mujeres.
No es fácil ni rápido revolucionar los convenios sociales y familiares; llevamos más de cien años de lucha feminista y seguimos discutiendo si es o no relevante (¡sí lo es!) contar con las estancias infantiles universales. Sería más práctico y eficiente cambiar las asignaciones presupuestales y que el gobierno ofrezca, a través de programas que cuestan una pequeña fracción del presupuesto público, un piso más parejo para las mujeres que quieren y necesitan salir a trabajar.
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Sofía Ramírez Aguilar
Economista, madre trabajadora y directora de México, ¿Cómo Vamos?
