Los resultados de las contiendas electorales que se llevarán a cabo el próximo mes de junio definirán la política económica y social que regirá a los cerca de 3.7 millones de chihuahuenses. Los puestos de elección popular que se contienden, aparte de la gubernatura, son 33 diputaciones (22 de mayoría relativa y 11 de representación proporcional), 67 presidencias municipales, 67 sindicaturas y 714 catorce regidurías.
Al ser uno de los estados que forman parte de la frontera norte con Estados Unidos, las dinámicas económicas y sociales de la entidad tienen particularidades por las estrechas relaciones transfronterizas, no sólo en términos de actividad económica, caracterizada por la presencia de la industria maquiladora, sino también por problemas sociales específicos como la migración.
Para que el electorado ejerza su derecho al voto de manera informada, es necesario conocer los principales retos que enfrenta el estado. De acuerdo con los Semáforos económicos estatales de México, ¿Cómo vamos?, los principales desafíos son la proporción de población ocupada en el gobierno, la deuda pública y el crecimiento económico.
Respecto a la población ocupada en el gobierno, la meta nacional se estableció en 4.3 %. Sin embargo, en la entidad ésta representó 4.5 % durante el primer trimestre de 2020. La reducción de la deuda pública, por su parte, es una búsqueda constante debido a que Chihuahua ha sido uno de los estados con mayores niveles de endeudamiento como porcentaje de su PIB; entre 2013 y 2019 fue de 8.67 % en promedio, e incluso en 2016 llegó a ser la entidad con mayor nivel de endeudamiento público con 9.7 %.
Sin duda los indicadores antes mencionados son de suma importancia. No obstante, el foco rojo es el de crecimiento económico debido a que no se puede propiciar el desarrollo económico, sin antes fomentar el crecimiento. Además, una estrategia para disminuir la deuda pública es, precisamente, aumentando el PIB estatal, más en esta coyuntura donde ahorrar no parece ser la mejor opción dadas las necesidades de reactivación económica que requieren del ejercicio de mayor gasto público.
El objetivo de crecimiento se fijó en 4.5 % anual pero, entre el primer trimestre de 2019 y el cuarto de 2020, la tasa de crecimiento promedio en el estado fue de -2.1 %, lo cual dista mucho de lograr el propósito establecido. De ahí la importancia de dimensionar no sólo el tamaño de la economía chihuahuense, sino también los sectores económicos estratégicos que debieran ser la pauta de las estrategias de política económica a evaluar a la hora de tomar una decisión en la urna.
Chihuahua es la novena economía más grande del país debido a que aporta 3.5 % al PIB nacional y, como muchos de los estados de la región norte de México, ha consolidado su actividad industrial gracias a la apertura comercial y desregularización de la economía mexicana que comenzó a principios de los ochenta y se concretó con la firma del TLCAN (ahora T-MEC). El eje principal de desarrollo económico fue la expansión de la industria maquiladora, siendo las de autopartes y confección las de mayor crecimiento, y la electrónica con mayor concentración de filiales y empleo.
Dada la historia económica de la región, y teniendo en cuenta que Chihuahua tiene seis ciudades fronterizas con Estados Unidos, no es de sorprender que el sector manufacturero sea el de mayor peso en la economía estatal. Particularmente, el tipo de empresas que tienen mayor importancia en términos de generación de producción bruta y empleo son aquellas dedicadas a la fabricación de equipo de transporte como automóviles, camiones, equipo aeroespacial y ferroviario, entre otros. Esta estructura económica justifica que la entidad sea el número cinco en el ranking de complejidad económica, sólo después de Nuevo León, Querétaro, Coahuila y Baja California.
Si bien conocer las tendencias de crecimiento e importancia relativa del sector manufacturero es un punto de partida para identificar los potenciadores de crecimiento, también es necesario distinguir lo que se ha hecho bien en la entidad a fin de preservarlo. En este sentido, la productividad y generación de empleos formales muestran resultados favorables a pesar de la pandemia.
Las medidas de confinamiento y el cierre de actividades económicas clave ocasionaron que en el país se destruyeran más puestos de trabajo formales de los que se crearon. Los sectores más afectados durante la pandemia fueron el de comercio, restaurantes y servicios de alojamiento, así como servicios diversos que, en suma, sufrieron una pérdida del 73 % en empleos formales.
Sin embargo, Chihuahua fue uno de los tres estados que en 2020 sumó puestos de trabajo en lugar de restarlos. Entre el trimestre uno, tres y cuatro se acumularon 23,833 empleos formales; en el segundo trimestre —periodo de mayor contracción económica— se dio una caída de 17 611 trabajos. El resultado del año fue un saldo positivo de 6222. Hay que señalar que, durante el primer trimestre de 2021, la meta fue registrar 8775 empleos ante el IMSS, ésta se superó con creces porque en realidad se registraron 17 339 puestos de trabajo.
Los buenos resultados posiblemente se expliquen por la importancia de la actividad industrial en la entidad y, aunque la recuperación es una noticia favorable, es necesario subrayar que falta un buen trecho para alcanzar los 46 962 empleos formales que se lograron registrar ante el IMSS durante 2015. Hay que destacar, además, que destacar que la creación de empleos formales no ha sido del todo estable.
Figura 1. Empleos formales generados cómo % de la meta estatal
La inestabilidad del empleo formal se asocia con la incertidumbre para obtener ingresos. Hoy por hoy, 28.2 % de la población trabajadora se encuentra en condición de pobreza laboral y, a pesar de que Chihuahua es de las entidades donde menos personas no pueden acceder a la canasta alimentaria con el ingreso generado por su trabajo —comparada, por ejemplo, con Chiapas donde ese porcentaje es 69.3 %—, la pobreza laboral tampoco se ha erradicado por completo: representó 25.0 % en promedio entre el cuarto trimestre de 2018 y el primero de 2020. La situación, sin embargo, puede agravarse si se considera que el poder adquisitivo del ingreso laboral a nivel nacional se redujo de 1819.55 a 1773.43 pesos entre el cuarto trimestre de 2019 y el cuarto de 2020.
En este sentido, la recuperación de empleos de buena calidad es fundamental para evitar revertir las tendencias de pobreza laboral en el estado; muchos de los empleos que se están restableciendo en el país son de tiempo parcial, con remuneración de menos de dos salarios mínimos y, en gran medida, son empleos del sector informal. No obstante, el estado se caracteriza por tener la tasa de informalidad más baja a nivel nacional: 32.3 % de los trabajadores que tienen un empleo no tienen prestaciones laborales o vínculo reconocido.
Si bien es cierto que la pobreza laboral es un indicador para aproximar la pobreza en el estado, hay que precisar que ésta sólo captura la situación de falta de recursos de la población ocupada. Según el Informe de Pobreza y Evaluación 2020, durante 2018 el 26.3 % de la población, un millón aproximadamente, vivía en condiciones de pobreza, 23.7 % en pobreza moderada y 2.6 % en pobreza extrema.1
Pese a que, los niveles de pobreza en la entidad son bajos (15.6 % por debajo del nivel nacional). Una medida más certera de la calidad de vida de las personas es el Índice de Progreso Social que incorpora el cumplimiento de necesidades básicas humanas, los fundamentos del bienestar (como acceso a la educación y salud) y oportunidades (como el derecho a ejercer la libertad de expresión).
Chihuahua ocupa el onceavo lugar a nivel nacional en este indicador, reflejando de mejor forma qué tanto se traslada el éxito económico al nivel de vida de sus habitantes. Como puede observarse, aún hay problemas sociales y de salud pública que pueden mejorarse como mortalidad materna e infantil, homicidios, muertes por tráfico, suicidios, mortalidad por enfermedades circulatorias, embarazo adolescente y, muy importante dada la coyuntura electoral, la participación electoral.
Figura 2. Índice de Progreso Social para el estado de Chihuahua, 2020
La inestabilidad del empleo formal se asocia con la incertidumbre para obtener ingresos. Hoy por hoy, 28.2 % de la población trabajadora se encuentra en condición de pobreza laboral y, a pesar de que Chihuahua es de las entidades donde menos personas no pueden acceder a la canasta alimentaria con el ingreso generado por su trabajo —comparada, por ejemplo, con Chiapas donde ese porcentaje es 69.3 %—, la pobreza laboral tampoco se ha erradicado por completo: representó 25.0 % en promedio entre el cuarto trimestre de 2018 y el primero de 2020. La situación, sin embargo, puede agravarse si se considera que el poder adquisitivo del ingreso laboral a nivel nacional se redujo de 1819.55 a 1773.43 pesos entre el cuarto trimestre de 2019 y el cuarto de 2020.
En este sentido, la recuperación de empleos de buena calidad es fundamental para evitar revertir las tendencias de pobreza laboral en el estado; muchos de los empleos que se están restableciendo en el país son de tiempo parcial, con remuneración de menos de dos salarios mínimos y, en gran medida, son empleos del sector informal. No obstante, el estado se caracteriza por tener la tasa de informalidad más baja a nivel nacional: 32.3 % de los trabajadores que tienen un empleo no tienen prestaciones laborales o vínculo reconocido.
Si bien es cierto que la pobreza laboral es un indicador para aproximar la pobreza en el estado, hay que precisar que ésta sólo captura la situación de falta de recursos de la población ocupada. Según el Informe de Pobreza y Evaluación 2020, durante 2018 el 26.3 % de la población, un millón aproximadamente, vivía en condiciones de pobreza, 23.7 % en pobreza moderada y 2.6 % en pobreza extrema.1
Pese a que, los niveles de pobreza en la entidad son bajos (15.6 % por debajo del nivel nacional). Una medida más certera de la calidad de vida de las personas es el Índice de Progreso Social que incorpora el cumplimiento de necesidades básicas humanas, los fundamentos del bienestar (como acceso a la educación y salud) y oportunidades (como el derecho a ejercer la libertad de expresión).
Chihuahua ocupa el onceavo lugar a nivel nacional en este indicador, reflejando de mejor forma qué tanto se traslada el éxito económico al nivel de vida de sus habitantes. Como puede observarse, aún hay problemas sociales y de salud pública que pueden mejorarse como mortalidad materna e infantil, homicidios, muertes por tráfico, suicidios, mortalidad por enfermedades circulatorias, embarazo adolescente y, muy importante dada la coyuntura electoral, la participación electoral.
Figura 2. Índice de Progreso Social para el estado de Chihuahua, 2020
Los datos antes mencionados justifican la valoración de las estrategias de política económica orientadas a fortalecer el encadenamiento productivo del sector manufacturero que, sin duda, es y ha sido un sector económico estratégico no sólo en el estado sino en la región norte. Pero el Índice de Progreso Social también ha evidenciado que es necesario la propuesta de una política social eficaz orientada a resarcir problemas sociales que mejoren la calidad de vida.
La recuperación del crecimiento económico y de empleos es, desde mi punto vista, el aspecto más importante a evaluar en las propuestas de campaña. Como lo demuestran Campos Vázquez y Monroy-Gómez-Franco, un incremento porcentual en el crecimiento económico podría reducir la pobreza laboral hasta en 2.39 %, y esto ilustra sólo un ejemplo de los impactos positivos del crecimiento económico. No obstante, para garantizar la distribución de la riqueza es necesario tener un esquema institucional y legal fuerte, además de empresarios comprometidos con el capitalismo social.
Aunque la mayoría de los candidatos ha manifestado en la prensa la necesidad de la reactivación económica —por ejemplo, mediante subsidios para proteger el ingreso de agricultores y ganaderos, o mediante prórrogas para el pago de impuestos por parte de los empresarios— en realidad, hasta ahora, no hay propuestas económicas y sociales concretas.
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Grissel Olivera-Martínez
Profesora en el Departamento de Economía de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey. Sus líneas de investigación son Economía Laboral y temas de Desarrollo Económico. Actualmente colabora en proyectos de investigación para medir segregación socioeconómica en la ZMM y realiza investigación con perspectiva de género.
1 Coneval, Informe de Pobreza y Evaluación 2020: Chihuahua, México, 2020.
