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Tercer año de gobierno, ¿cómo vamos?

  • El miércoles 1 de diciembre de 2021 se cumplieron tres años de la toma de protesta del presidente Andrés Manuel López Obrador. En su informe, el presidente dio a conocer cifras y acciones de los tres primeros años de gobierno.
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FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

El miércoles 1 de diciembre de 2021 se cumplieron tres años de la toma de protesta del presidente Andrés Manuel López Obrador. En su informe, el presidente dio a conocer cifras y acciones de los tres primeros años de gobierno. A partir de la información económica y de desarrollo social que presentó el presidente, México, ¿cómo vamos? analizó la precisión y veracidad de la información presentada en el informe. 

Este diagnóstico sobre cómo va el país incorpora cifras de la recuperación económica y del empleo, de los programas sociales, la pobreza, las finanzas públicas y la inflación.

Nuestro propósito es informar a más personas sobre cómo vamos, de forma que podamos impulsar el crecimiento económico acelerado y sostenido de nuestra economía, en beneficio de las y los residentes en México.

Recuperación del PIB

A pesar del crecimiento de 4.68% anual, el PIB aún no llega al nivel en el que se encontraba al inicio de la pandemia de COVID-19. De hecho, su nivel actual se encuentra cercano a la cifra del tercer trimestre de 2016, muy por debajo del nivel prepandemia.

En el mes de noviembre, las y los especialistas consultados en la encuesta Banxico ajustaron sus expectativas de crecimiento a 5.7% para el cierre de 2021. Incluso si se alcanzara la estimación optimista del 6% al cierre del año, esto no sería suficiente para recuperar lo perdido por la pandemia, puesto que en 2020 nuestra economía se contrajo 8.5%.

Al interior de la economía mexicana hay sectores que ya lograron recuperar su nivel prepandemia (observado en el 1T2020; como el comercio al por mayor, el comercio al por menor, las manufacturas y las actividades agropecuarias). Sin embargo, otros aún muestran rezagos profundos: cultura, esparcimiento y deporte (-29.2%) y alojamiento temporal y preparación de alimentos (-20.6%).

El aumento en el salario mínimo y la pobreza laboral

Actualmente, el salario mínimo equivale a $141.7 diarios en el país y $213.4 en la zona fronteriza. Las personas que perciben este ingreso tienen la posibilidad de costear 2.3 y 3.5 veces el valor de la canasta alimentaria urbana diaria, que es la cantidad mínima de comida que una persona necesita al día. No obstante, esta estimación considera que los hogares son unipersonales, cuando en México en promedio los hogares están compuestos por 3.5 personas. 

Para 2022 se ha anunciado ya un nuevo incremento del 22% en el salario mínimo vigente, que se suma a los aumentos acumulados de 43% en el interior del país y 115.5% en la franja fronteriza desde el inicio de la administración (tasa real).

Sin embargo, a pesar de este incremento en el poder adquisitivo en términos reales de las y los trabajadores más pobres del país, el nivel de pobreza laboral actual en México es mucho mayor a las mediciones prepandemia. En el primer trimestre de 2020 (1T2020) 36.6% de las y los trabajadores en México se encontraban en situación de pobreza laboral ​​–que indica que el ingreso del hogar proveniente del trabajo no alcanza para comprar suficiente comida para todos sus integrantes–. 

A raíz de la pandemia, la pobreza laboral aumentó considerablemente, alcanzando un nivel histórico en la población en esa situación de 46% en el 3T2020. Después de haberse observado una tendencia decreciente, para el 3T2021 este porcentaje incrementó nuevamente; 40.7% de la población se encuentra en situación de pobreza laboral, porcentaje aún superior al registrado previo a la pandemia.

Recuperación del empleo

En octubre de 2021, los puestos de trabajo registrados ante el IMSS ya rebasaron los niveles registrados previos a la pandemia, al registrar 20 millones 70 mil 483 puestos de trabajo. Sin embargo, la tendencia de crecimiento de los puestos de trabajo previo a la emergencia por COVID-19 indicaba que al día de hoy debiera haber cerca de un millón de puestos de trabajo más a los que se tienen registrados. Este es el déficit de puestos de trabajo.

Otro factor a considerar es si los puestos de trabajo son suficientes para sumar al mercado laboral a las personas jóvenes que se suman a la población económicamente activa mes con mes. Se debe considerar que mientras se recuperaban los puestos perdidos, por más de año y medio (de marzo de 2020 a octubre de 2021) dejamos de generar empleos adicionales, cuando se debieron generar al menos 100 mil por mes para incorporarles.  

Nuestro semáforo económico de puestos de trabajo registrados ante el IMSS se encuentra en amarillo, al no cumplir con la meta de añadir de forma sostenida 100 mil puestos de trabajo mensualmente.

La política social y las remesas ¿son el plan de emergencia?

De acuerdo con la información reportada en Encuesta Nacional de Ingresos y Gasto de los Hogares (ENIGH) 2020, el aumento de remesas en el país (máximo histórico en octubre 2021) no se traduce en mayor gasto de los hogares más pobres. De hecho, un menor número de hogares pobres reportaron haber recibido remesas en 2020 que en años pasados.

Incluso en 2020 se observa una disminución en el monto recibido por remesas en los hogares de menores ingresos y un aumento en los hogares de mayores ingresos (decil 9 y 10).

Sobre la política social, en 2016 el 61% de los hogares más pobres eran beneficiarios de programas sociales de acuerdo con un análisis del Instituto de Estudios sobre Desigualdad (INDESIG). En 2020, únicamente el 35% de estos hogares fueron beneficiarios. 

Además, la política social de este sexenio es menos progresiva que la de la administración pasada, debido a que los programas no están focalizados en los hogares de menores ingresos; es decir, antes había una mejor redistribución de los ingresos por hogar y actualmente se asignan menos recursos de política social a quienes más lo necesitan.

Destaca la disminución en la progresividad entre PROSPERA y Beca Bienestar (educación básica), así como la regresividad de algunos programas sociales actuales, como Apoyo para el bienestar de las niñas y los niños, hijos de madres trabajadoras (antes estancias infantiles), Becas Benito Juárez(educación media superior), Jóvenes Escribiendo el Futuro (educación superior) y Jóvenes Construyendo el Futuro.

El coeficiente de concentración puede tomar valores entre -1 y 1, donde -1 representa progresividad, porque el gasto público se concentra en los hogares con menores ingresos. Cuando el indicador es cercano a 1, implica regresividad en el gasto público porque se concentra en los hogares con mayores ingresos.

Finanzas públicas: deuda y recaudación

Entre 2020 y 2021 únicamente se implementaron medidas fiscales para contener los efectos de la crisis en nuestra economía por 1.9% del PIB; uno de los paquetes de estímulos fiscales más pequeños en economías emergentes (Fondo Monetario Internacional, octubre 2021). 

La deuda adicional que México no contrató hubiera permitido financiar programas que contuvieran el impacto de la pandemia en México, y con ello se hubiera podido mitigar la profunda contracción económica de (-) 8.5% que afectó al país en 2020 y, así, facilitar la recuperación en 2021 y 2022.

Además, ahora que la recuperación económica va en proceso, el país se endeudará inevitablemente. Es decir, el PEF 2022 considera un incremento de la deuda pública e incluso propone estabilizar la relación deuda/ PIB en 51% de 2022 a 2027 pero para ello se asume que el crecimiento de la economía nacional sería de 4.1% el próximo año y 3.4% en 2023.

Sin embargo, los especialistas esperan que el crecimiento económico en México apenas alcance 2.8% el próximo año, con lo cual la recaudación será 54 mil millones de pesos menor a lo estimado en 2022, monto equivalente a casi tres veces el presupuesto asignado al INE (19.7 mil mdp). Por lo tanto, menor cantidad de ingresos públicos deberá financiarse con mayor endeudamiento.

La estabilidad de las finanzas públicas está en riesgo, ya que no existe una reforma fiscal que incremente los ingresos del gobierno. Actualmente, estos se encuentran alrededor del 22% del PIB (según las proyecciones actuales de SHCP hasta el 2027), mientras que el gasto social se sigue incrementando. 

Por ejemplo, el gobierno ha expandido los beneficios de los programas sociales como la Pensión para elbienestar de las personas adultas mayores, sin contar con un plan de financiamiento adicional, que demanda un incremento en el gasto de 0.7% PIB adicional respecto a 2021.

Progreso social en el sureste del país

Uno de los logros que el presidente mencionó de forma reiterada en su discurso fue el impulso del desarrollo y progreso social en el sureste del país por medio de la implementación de proyectos de infraestructura. Sin embargo, de acuerdo con el Índice de Progreso Social esta región es la de mayor rezago y no parece cambiar su tendencia desde 2015. 

Aunque esta región sea receptora de proyectos de obra pública, poco se logrará si no se atienden las graves carencias en las necesidades humanas básicas, entre las que destacan: nutrición y cuidados médicos básicos, agua y saneamiento y vivienda para las tres entidades, así como seguridad personal para el caso de Guerrero.

Inflación de energéticos

En 2021, los precios de los energéticos han presentado presiones al alza, producto de la reactivación económica tras los peores meses de la pandemia en 2020 y los cuellos de botella que se generaron en las cadenas de suministro global. Una política de precios máximos como la vigente en el gas LP no es solución para contener los precios, ya que más del 70% del gas LP que consumimos es importado. El riesgo de fijar los precios del gas en caso de no ser consistente con los precios internacionales es crear desabasto y la proliferación de mercado negro. 

La regulación de mercados con precios máximos tuvo un efecto en un periodo muy reducido. Las medidas actuales no toman en cuenta que las presiones de precio del gas LP son principalmente externas y el control podría reducir el abasto, dejando a muchos hogares sin gas en la época más fría del año.

Además, fijar precios máximos presiona las finanzas públicas, en un contexto donde no se cuenta con un plan para incrementar los ingresos del gobierno, con lo cual los contribuyentes terminarán pagando el subsidio o acabaremos por endeudarnos más.

Una política que podría contener los efectos adversos del incremento del precio del energético más importante de uso doméstico sería la implementación de un programa de la Secretaría del Bienestar de transferencias a las familias más vulnerables de México.

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