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Rumbo al tercer debate presidencial: ¿cómo vamos?

  • El próximo domingo 19 de mayo a las 8 p.m. se llevará a cabo el tercer debate presidencial bajo el título “Democracia y gobierno: diálogos constructivos” en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Este debate trata sobre política social; inseguridad y crimen organizado; migración y política exterior; y democracia, pluralismo y división de poderes.
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INE/CUARTOSCURO.COM

En México ¿cómo vamos? te compartimos un análisis que recopila variables clave para evaluar cómo va México en estos temas, lo que se discutirá en este debate no solo es central para el debate político, también es crítico para el crecimiento económico y el progreso social del país. La política social incide directamente en la distribución de recursos y oportunidades. Por otro lado, la inseguridad representa no solo una amenaza para la tranquilidad de los ciudadanos, sino también para la inversión y nuestra actividad económica en general. La política exterior, por su parte, tiene implicaciones económicas importantes, desde el impacto en el mercado laboral hasta las relaciones comerciales. Finalmente, la democracia, el pluralismo y la división de poderes son fundamentales para garantizar un entorno político estable y transparente; aspectos esenciales para atraer inversión, promover la confianza empresarial y fomentar el crecimiento económico a largo plazo.

Temas

  • Política social
  • Inseguridad y crimen organizado
  • Migración y política exterior
  • Democracia, pluralismo y división de poderes

Política social

La política social se entiende como el conjunto de acciones y políticas públicas que buscan mejorar el bienestar de las personas, desde una provisión de servicios e infraestructura pública, como puede ser educación, salud, cuidados o vivienda; o desde los ingresos, a través de programas sociales de transferencias monetarias.

Como los temas relacionados a salud y educación fueron cubiertos en el primer debate, en esta publicación el análisis se concentrará en los programas sociales. En 2022, la cobertura de los programas sociales fue del 34% de los hogares, un incremento de 6 puntos porcentuales respecto a 2018 (último año de la administración del presidente Peña Nieto) y un incremento de 4 puntos porcentuales respecto a 2020 (primera medición de la administración del presidente López Obrador).

Sin embargo, al profundizar el análisis por nivel de ingresos, se observa una caída muy importante en la cobertura en los hogares de menores ingresos. En 2020 y 2022 se observa que en el 30% de los hogares de menores ingresos (cincuentil 1 al 15) hay una caída muy significativa en la cobertura de los programas sociales respecto a la que se presentaba en 2016 y 2018, entre el cincuentil 15 y 25 se observa una cobertura similar, mientras que entre el cincuentil 25 y 50 (el 50% de los hogares con mayores ingreso) la cobertura ha incrementado. 

Es de suma relevancia destacar la caída en alrededor de 20 puntos porcentuales en la cobertura en los hogares de menores ingresos entre 2016-2018 y 2020-2022.

La caída tan drástica en alcance en los hogares de menores ingresos se observa también en el ingreso promedio por transferencias gubernamentales. En 2022, el ingreso promedio mensual por programas sociales del 12% de los hogares con menores ingresos (cincuentil 1 al 6) se encuentra por debajo del observado en 2016.

Estos resultados anticipan la necesidad de realizar una revisión a la actual  política social sobre transferencias monetarias para recuperar la cobertura observada en los hogares de menores ingresos en años anteriores. Los programas sociales de la administración del presidente López Obrador son menos progresivos que lo que se observaba durante la administración del presidente Peña Nieto.

Esta menor progresividad está relacionada a que gran parte de la cobertura de los programas actuales se debe a la cobertura específica de la Pensión de Adultos Mayores, el cuál es un programa universal que no tiene como objetivo la focalización en los hogares de menores ingresos.

Las Becas Benito Juárez, tanto en nivel básico como medio superior sí tienen un objetivo de focalización en los hogares de mayor vulnerabilidad; sin embargo, se quedan muy lejos tanto en términos de cobertura, así como presupuestalmente en comparación con Prospera, programa comparable de la administración anterior.

Además, es importante pensar la política social desde una perspectiva generacional del presupuesto. Si bien es importante atender a los adultos mayores a partir de la pensión no contributiva, no debe ser a costa de menor asignación de recursos públicos en programas o infraestructura social destinados al mejoramiento de la calidad educativa o servicios de salud en nuestro país.  

Desde 2018 se ha observado un crecimiento importante en el gasto de bolsillo en salud en los distintos niveles de ingreso. En el contexto de la pandemia, el incremento fue mayor para los hogares de menores ingresos. Además, de acuerdo con la medición multidimensional de pobreza del CONEVAL, el porcentaje de personas con problemas de salud que se atendieron en instituciones públicas se ha reducido significativamente; mientras que en 2018 49.9% de las personas con problemas de salud se atendían en instituciones públicas de salud, en 2022 solo se atendía en instituciones públicas el 36.4%, ¡una caída de 13.5 puntos porcentuales!

En 2023, se aplicaron diversos recortes discrecionales al gasto público. Uno de los sectores más perjudicados fue el gasto funcional en salud, el cual ascendió a 808 mmdp en 2023, una caída de 3.4% (28 mmdp) frente al ejercido en 2022. La razón del retroceso es que los distintos sistemas del sector público federal dejaron de gastar en su conjunto 6.9% o 60 mmdp de los 868.1 mmdp aprobados para el año. Se trata del mayor recorte al gasto en salud registrado en los últimos 20 años tanto en porcentaje como en magnitud total.

Por tanto, es importante recalcar nuevamente la necesidad de pensar la política social de una forma más amplia, en el desarrollo de infraestructura social en educación, salud y cuidados que permitan el establecimiento de una cancha pareja con igualdad de oportunidades y mayor progreso social.

Inseguridad y crimen organizado

El nivel de inseguridad imperante en México es una de las condiciones determinantes que impiden a su población desarrollarse de manera plena. 

De acuerdo con los resultados del Índice de Progreso Social (IPS), una medición holística del desempeño social de un país o entidad que es independiente de factores económicos, en el componente de Seguridad Personal se presentan importantes disparidades regionales a lo largo del territorio de nuestro país. En particular, en estados como Colima, Zacatecas y Guanajuato el deterioro en el tiempo de este componente es muy marcado.

Entre las variables que se toman en cuenta para la medición del componente de Seguridad Personal del IPS se encuentra la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes. Esta nos muestra que mientras en Yucatán llega a ser cercana a 2, en Colima se acerca a los 100. Esto es reflejo de la complejidad del problema en el territorio nacional, cuya solución debe partir de reconocer las particularidades y necesidades específicas de cada estado.

El componente de Seguridad Personal también contempla el índice de crimen violento, en el cual solo tres entidades presentan un nivel menor a 2.0. Resultan particularmente preocupantes los resultados de la CDMX y Guanajuato, con niveles cercanos a 5.0.

Por su parte, la variable de índice de crimen organizado también muestra las complejidades regionales en el país. Mientras en Tlaxcala, Chiapas y Yucatán este índice se mantiene bajo, en Nuevo León, Zacatecas y Colima este es alto y va al alza. ¿Qué proponen las candidatas y candidatos a gubernaturas y a la presidencia para fortalecer el Estado de derecho y hacer cumplir la ley en todas las regiones del país?

Finalmente, el componente de  Seguridad Personal también integra la percepción de inseguridad de la población de cada entidad. Resulta alarmante que en ocho entidades del país más del 80% de su población se sienta insegura, empezando por Zacatecas, donde el 92% de sus habitantes no se sienten seguros.

La calidad de vida a la que tenemos acceso las ciudadanas y ciudadanos también depende de tener acceso a información y comunicaciones, componente que también incluye el IPS. Lamentablemente, la inseguridad también permea a este derecho fundamental, pues hay entidades con altas  tasas de agresiones registradas en contra de periodistas, como lo son Quintana Roo y Yucatán. Además, esta variable, la cual es monitoreada y reportada por Artículo 19, aumentó en más de la mitad de las entidades entre 2021 y 2022, enfatizando la necesidad de implementar políticas de protección en todo el país.

México cuenta con la oportunidad de tener un mayor crecimiento económico por la atracción de inversión asociada a la relocalización de cadenas productivas hacia nuestro país (nearshoring), pero un entorno que no garantiza la seguridad no será atractivo para la inversión. El nearshoring no se reflejará en un crecimiento y desarrollo sostenido e incluyente si no se fortalece la seguridad y el Estado de derecho a lo largo de las regiones del país. 

Migración y política exterior

En un mundo globalizado, nuestro país ha adquirido una creciente importancia en las discusiones de temas internacionales como la migración, el crecimiento económico y la inversión. En la esfera de los temas que atañen a la región norteamericana, México es pieza clave en la discusión. Es por eso que las decisiones sobre política exterior de la próxima administración serán determinantes en cómo aprovechamos la coyuntura del nearshoring, los crecientes flujos de inversión y la movilidad laboral regional.

La región de Norteamérica tiene una historia comercial de más de 30 años, los éxitos económicos que esto ha traído serían impensables sin la cooperación regional fortalecida por tratados comerciales como el T-MEC. El fenómeno de la relocalización de las cadenas de suministro llega en un momento donde Norteamérica es una historia de éxito; sin embargo, los beneficios económicos en el futuro dependen de que las condiciones para recibirlo sean idóneas y garanticen su sostenibilidad. 

Uno de los grandes retos para la próxima administración será la cooperación e integración regional de manera que los beneficios del nearshoring se reflejen en mayor progreso social para todas y todos.

La interconexión económica de México con nuestros socios comerciales se puede observar en mayor crecimiento, inversión y comercio. En 2023, el comercio regional en Norteamérica se encuentra en un máximo histórico con un valor de 1.6 billones de dólares, además se observa una creciente dependencia entre el comercio regional dado que el 80% de nuestro comercio exterior es con Estados Unidos. Desde el cierre de 2023, México es el principal socio comercial de Estados Unidos y en marzo de 2024 se registra que esta relación como principales socios comerciales continúa.

La inversión extranjera directa al cierre de 2023 creció en 22% respecto a la de 2022, y un 66% proviene de 4 países de los cuales Estados Unidos y Canadá son parte. La confianza de invertir en México ha incrementado de manera que al final del 2023 se registraron más de 370 anuncios de inversión donde casi 50% de ellos estaban destinados al sector manufacturero.

Los beneficios son amplios; sin embargo, existen retos importantes que necesariamente deben formar parte del tercer debate. Uno de los retos persistentes para la sostenibilidad de inversiones es la generación de energía en nuestro país que dista de alinearse con las metas del Acuerdo de París y las constantes sequías que afectan a más de la mitad del territorio nacional que impide que nuestro país sea atractivo para la construcción de nuevas fábricas. 

Aunado a lo anterior, los anuncios de inversión solo llegan a estados con un alto grado de progreso social, por lo que las industrias y el crecimiento económico llegan a regiones donde existen las condiciones necesarias para el desarrollo. 

La correlación entre anuncios de inversión y progreso social revela otro gran reto para la siguiente administración que es integrar a los estados con poco progreso social y pocos anuncios al dinamismo económico generado por el nearshoring. La falta de progreso social es latente en la región del sur-sureste, por lo que el gobierno debe maximizar las virtudes económicas de la región e integrarlas en el contexto actual del nearshoring

La integración regional va más allá de indicadores económicos y uno de los temas que aún es un reto en la política exterior es la migración que tiene perspectivas opuestas en ambos lados de la frontera. La movilidad laboral es una solución clave en esta disyuntiva. Existen en el T-MEC capítulos como el 16, 23 y 26 que habilitan usar herramientas como visas de trabajo para movilizar de forma legal y ordenada a profesionistas mexicanos y canadienses. 

Otra tarea de nuestro lado de la frontera es atender la formación académica de estudiantes para que sus talentos sean atractivos para las nuevas habilidades que exija el mercado laboral regional y que agilice su movilidad laboral en el futuro.

El nivel de remesas recibidas por nuestro país se considera un logro dado que representan una ayuda económica significativa para los hogares del país; no obstante, refleja la gran cantidad de familias que deben migrar por mejores oportunidades laborales. En el primer trimestre de 2024, las remesas acumularon un nuevo máximo histórico, pero lo relevante para las personas es el poder adquisitivo que ha registrado caídas por factores como la apreciación del peso y la inflación. Mejores oportunidades laborales en México podrían contrastar la alta dependencia de algunos hogares en las remesas que son susceptibles a fluctuaciones de tipo de cambio y el mercado laboral en Estados Unidos. 

Las palabras cooperación e integración regional deben ser clave para los candidatos al discutir sus propuestas de política exterior para los próximos 6 años. La relación estrecha con nuestros vecinos del norte ha generado confluencias sociales y económicas positivas para los mexicanos. El progreso social de los estados del sur de Estados Unidos es parecido a los niveles observados en los estados del norte de nuestro país; sin embargo, el acceso a la educación superior es una de las áreas donde aún hay diferencias importantes entre países, lo que podría convertirse en un obstáculo para la movilidad laboral de futuros profesionistas. 

En aspectos como la inversión relacionada con el nearshoring, será clave descentralizar la conversación dado que el progreso social es una condición necesaria para la atracción de nuevas inversiones y los niveles son heterogéneos en distintas entidades. De igual forma, hacer a la región más próspera y competitiva requiere de aún más cooperación regional, de esta forma en el reporte de 2026 se debe discutir una agenda conjunta con nuevas metas regionales para la próxima década. 

En materia de migración, la desaparición de fideicomisos para apoyar refugios y el uso de la Guardia Nacional para detener migrantes, así como la disminución del presupuesto para el Instituto Nacional de Migración, ha culminado en trágicos episodios, como el ocurrido en Ciudad Juárez el pasado 27 de marzo del 2023, donde 40 personas en hacinamiento murieron calcinadas en una estación de migración. Presupuestalmente, destaca el sobreejercicio presupuestario del instituto, el cual consistentemente ha ejercido una cantidad hasta dos veces mayor que el presupuesto aprobado, principalmente en el pago de servicios externos (capítulo 3000). La próxima administración debe vigilar que el uso de recursos por parte del INM sea gastado de forma eficiente y se garantice la protección de los derechos humanos, mejores condiciones y procesamiento eficiente para los migrantes en nuestro país. 

Democracia, pluralismo y división de poderes

Para impulsar el progreso social en el país, es imperativo fortalecer su sistema democrático. Esto implica la participación activa de la ciudadanía en los procesos electorales, la consolidación de la confianza en las instituciones mediante su fortalecimiento continuo y la preservación de la división de poderes. 

A nivel nacional la percepción de corrupción en instituciones que imparten justicia como porcentaje de la población es de 67.6%. Las entidades que mantienen una mayor percepción de corrupción en estas instituciones son Jalisco y Ciudad de México con porcentajes superiores a 75% de la población. 

La tasa de incidencia de corrupción por cada 100 mil habitantes a nivel nacional se ubica en 25,394, y Guerrero es el estado que muestra el peor desempeño en esta variable. 

En el caso de la participación por sexo, se observa una mayor participación de las mujeres en los procesos electorales de 2018 y 2021 en comparación con los hombres. 

En las elecciones de 2018, la participación electoral fue de 63.4%. Mientras que en las elecciones intermedias de 2021, la participación electoral fue de 52.7%, lo cual es consistente con la tendencia de las elecciones intermedias, donde se suele observar una menor participación en comparación con las elecciones presidenciales. Tlaxcala, Yucatán y Campeche muestran la mayor participación electoral con porcentajes superiores a 63% de su lista nominal. Mientras que Baja California, Durango y Sonora presentan la menor participación. 

En relación al porcentaje de votos emitidos en las entidades respecto al total nacional en 2021, se observa que el Estado de México, por el tamaño de su lista nominal, mantiene el mayor porcentaje, seguido por la Ciudad de México y Jalisco.

En el caso de la participación por grupo de edad y entidad federativa en los procesos electorales de 2018 y 2021, los adultos de 30 a 45 años y los adultos de 46 a 64 años emitieron más de la mitad de los votos en todas las entidades federativas. Mientras tanto, el porcentaje de votos emitidos por los jóvenes de 18 a 29 años se mantuvo entre 18% y 29% en los estados. En Chiapas los jóvenes de 18 a 29 años emiten la mayor proporción de votación en comparación con el resto de las entidades, mientras que en la Ciudad de México este grupo es menos relevante, lo cual puede deberse a las tasas de natalidad y la alta participación en las zonas rurales del país.

Reconociendo que un mayor progreso social requiere de una mayor participación electoral, es imperativo que las propuestas en este tercer debate consideren la importancia de fortalecer las instituciones democráticas y la promoción de una participación activa y comprometida en el proceso democrático.

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