La Cámara de Diputados debe aprobar la Ley de Ingresos de la Federación 2022 junto con la Miscelánea Fiscal y la Ley de Derechos 2022 a más tardar el 20 de octubre, de acuerdo con la Ley Federal de Presupuesto y de Responsabilidad Hacendaria. Por su parte, la Cámara de Senadores lo hará a más tardar el 31 del mismo mes.
La gran pregunta, ¿la propuesta del Ejecutivo da solución al escaso espacio que hay entre los ingresos y los gastos públicos para que México tenga un crecimiento sostenible e incluyente? Desgraciadamente no se propuso una reforma fiscal que amplíe los ingresos tributarios, pero sí una controvertida miscelánea fiscal que al parecer entorpece el desarrollo del país.
Al momento de escribir este artículo se discuten las más de 300 reservas presentadas por los diputados. Sin embargo, podemos esperar que la Ley de Ingresos (LIF) 2022 junto con la miscelánea fiscal y la Ley de Derechos pase al Senado casi sin modificaciones al proyecto del Ejecutivo.
Antes de entrar a los temas controvertidos de las modificaciones a la ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR), las y los ciudadanos debemos estar conscientes que nuestros representantes no están discutiendo los cambios profundos y radicales para que México tenga un marco fiscal capaz de atender necesidades básicas como acceso a agua, alumbrado público, educación y servicios de salud; indispensables en medio de la pandemia del COVID-19.
Los tiempos legislativos nos invitan a pensar que para el año 2022 no tendremos mayores ingresos públicos, ya que la miscelánea fiscal únicamente podría no disminuir los ingresos tributarios entre el ejercicio fiscal 2021 y 2022. Pero, en estos momentos de discusión presupuestal, la sociedad civil debe exigir que al comienzo del próximo ciclo presupuestario tengamos propuestas que amplíen los ingresos públicos para financiar, por ejemplo: un sistema de cuidados, que permita que más mujeres se integren al mercado laboral, junto con un sistema de acceso a servicios de salud para todos los mexicanos, entre otros gastos sociales que permitan que México crezca.
Las propuestas de gasto social, como la disminución de la edad y el incremento de las pensiones del bienestar de adultos mayores crean presiones fiscales adicionales que cada vez serán más difíciles de cubrir. Sacrificaremos gasto en escuelas, hospitales e infraestructura, si no contamos con una fuente de ingresos capaz de cubrir los gastos propuestos. Entre más tiempo esperemos para proponer mayores ingresos públicos, la solución será más complicada en el ámbito político y económico, y los sacrificios sociales habrán sido mayores.
De regreso a la discusión de la LIF 2022 y, sobre todo, a la reserva de la miscelánea fiscal que limita las deducciones a las donatarias autorizadas, la propuesta es contraria a la promoción de un México incluyente. La mayoría de estas organizaciones atienden carencias sociales, que son ignoradas por el Estado. Proponer una medida que limita las posibles donaciones que pudieran recibir, es limitar su participación en la vida del país.
Si al revisar el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación ( PPEF 2022 ) encontráramos un programa agresivo que supla la participación de la sociedad civil en el ámbito del desarrollo de las poblaciones vulnerables y excluidas de la vida económica, podríamos estar un poco menos nerviosas de que se está proponiendo un retroceso en la participación ciudadana cuando el Estado no se da abasto.
Las disposiciones propuestas para cerrarle la puerta a la evasión fiscal siempre serán bienvenidas. Un marco fiscal sin vacíos legales es indispensable para que las finanzas del país puedan financiar gasto social productivo. Sin embargo, únicamente modificar el marco de los impuestos al ingreso, sin considerar ampliar la base de los impuestos al consumo , es contrario a las recomendaciones de Organismos Internacionales para financiar sistemas de seguridad social universales, que es el camino al que debemos aspirar.
La próxima discusión de la Ley de Ingresos debe ser controvertida por otros temas que verdaderamente vayan en la dirección de un país del futuro. Debemos debatir cómo vamos a establecer y financiar un nuevo pacto social capaz de potenciar el desarrollo de las y los mexicanos. Por ejemplo, hay que discutir cómo vamos a implementar impuestos a las emisiones de carbono, cómo vamos a electrificar al país y cómo en México vamos a atraer inversión limpia que nos permita tener empleos de calidad y un medio ambiente sustentable.
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Nota del editor: Adriana García es investigadora en México, ¿como vamos? , que registra a detalle el crecimiento económico del país. Las opiniones expresadas en esta columna corresponden exclusivamente a la autora.