Además de contar con voluntad política, otro de los requisitos mínimos para generar programas y políticas públicas eficientes y efectivas dirigidas a eliminar las desigualdades radica en tener datos y estadísticas rigurosas sobre la población y el contexto en donde se busca incidir.
Cuando hablamos sobre lograr avanzar en materia de derechos humanos, de progreso social y de desarrollo económico, sucesos como la publicación de la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (ENDISEG) 2021 deben ser celebrados y reconocidos.
La ENDISEG (2021) es un programa estadístico que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) desarrolló con el fin de conocer las características sexuales, orientación sexual e identidad de género de la población de 15 años y más en México. Esta encuesta está diseñada para identificar a la población LGBTI+; es decir, a todas las personas con orientación sexual y/ o identidad de género no normativa,
La encuesta también tuvo como objetivo obtener datos cuantitativos sobre las características sociodemográficas básicas de la población LGBTI+ en México, con el fin de observar las disparidades que estas personas enfrentan en relación con la población en general. El levantamiento de la encuesta fue realizado del 23 de agosto de 2021 al 16 de enero de 2022 en cerca de 44,000 viviendas de todo México.
Dentro de los datos arrojados por esta encuesta, resalta el hecho de que, en México, la población LGBTI+ asciende a 5 millones de personas (5.1% de la población de 15 años y más), lo que significa que al menos una de cada 20 personas se identifica como población LGBTI+.
Hablar sobre el 5% de la población no es un tema insignificante, especialmente cuando consideramos que los hallazgos identificados en la encuesta, no solo representan números sino características y necesidades puntuales de un grupo poblacional que históricamente ha sido discriminado y cuyos derechos humanos son constantemente violentados.
La Encuesta sobre Discriminación por motivos de Orientación Sexual e Identidad de Género (ENDOSIG) elaborada en conjunto por el Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación (CONAPRED) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y publicada en el 2018, ejercicio estadístico antecedente de la ENDISEG, muestra que las expresiones de discriminación contra las personas de la diversidad sexual comienzan desde la infancia y la adolescencia, en entornos de socialización primaria, como la familia y la escuela, lo que limita su desarrollo personal y, posteriormente, sus posibilidades laborales al ser estos los espacios en donde las personas adquieren sus conocimientos y descubren su vocación profesional. Estas condiciones educativas no solo las exponen al abandono escolar, sino también a tener que enfrentar mayores dificultades en su vida laboral.
La ENDISEG lo ejemplifica perfectamente al mostrar que, del total de la población LGBTI+ encuestada a la que se le preguntó si había recibido un trato desigual respecto a la remuneración económica, las prestaciones laborales y posibilidades de ascenso, o si había recibido comentarios ofensivos o burlas, entre otras expresiones de rechazo social en el trabajo, el 28.1% respondió sí; en contraste, el 18.4% de la población No LGBTI+ respondió que sí, lo cual significa ¡casi 10 puntos porcentuales más!
Las condiciones de discriminación y exclusión que enfrentan las personas de la diversidad sexual en el ámbito laboral se traducen no solo en brechas salariales, sino también en la posibilidad de ser despedidas o despedidos de manera injustificada a causa de su orientación sexual e identidad de género (OSIG) o la imposibilidad de expresar públicamente sus OSIG no normativas, ya sea por prohibiciones explícitas o por encontrarse en ecosistemas laborales inseguros y violentos contra las personas LGBTI+.
En materia laboral, los hallazgos alcanzados por la ENDISEG (2021) dan continuidad a lo que ya había revelado la ENDOSIG (2018), la cual señala que:
la discriminación en el ámbito laboral se manifiesta, no solo en la elevada frecuencia de comentarios, conductas y actitudes negativos en contra de las personas por su OSIG, comunes a todos los ámbitos de socialización, sino también, directamente, en el trato desigual en materia de oportunidades de ascenso y en el disfrute de beneficios y prestaciones: mientras alrededor de 15% de las personas con orientación bisexual (y otra) y un poco más de 20% de los hombres gays y las mujeres lesbianas reportan haber sufrido este tipo de discriminación, entre los hombres trans se eleva a 30% y entre las mujeres trans a cerca de 40%.
Hablar sobre las condiciones laborales desiguales que enfrenta la población disidente en México es, evidentemente, un tema de derechos humanos, pero también, un pendiente a atender si queremos lograr progreso social y un desarrollo y crecimiento económico sostenible. La sociedad se beneficia de que todas las personas puedan desarrollar su autonomía y sus capacidades laborales de manera plena, pues solo así, estas podrán participar de manera óptima en el mercado de trabajo.
Reforzar esfuerzos entre los distintos actores de la sociedad, para lograr que las disparidades y discriminaciones por OSIG en el trabajo se reduzcan, garantiza una mayor calidad de vida para todas las personas.
Las estadísticas ya existen, toca seguir robusteciéndolas y tomarlas con seriedad. Es necesario generar políticas públicas que apuesten por el progreso social, el desarrollo y crecimiento económico de las personas LGBTI+, las cuales también son parte de México. Construir una sociedad incluyente, diversa y respetuosa de los derechos humanos es la mejor inversión que un Estado puede hacer, habrá que poner manos a la obra.
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Nota del editor: Daniela Hernández Sánchez(@DanHdezSa) es Coordinadora de Comunicación en México, ¿cómo vamos? Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente a la autora.