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¿Primero los pobres? Inflación y programas sociales

  • La reactivación económica de la pandemia en 2022 será un poco más complicada que la anticipada por la alta inflación que los expertos consideran será un fenómeno transitorio, apunta Adriana García.
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CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM

La pandemia de COVID-19 ha puesto a prueba a los gobiernos y a las instituciones de todo el mundo sobre cómo manejar una emergencia sanitaria, que pronto se transformó en una crisis económica y que tras dos años de lucha contra el SARS-COV-2, en medio de la reactivación económica, es imprescindible que los gobiernos implementen política pública que evite que más personas caigan en situación de pobreza.

Las campañas de vacunación en 2021 han permitido la reapertura económica y el regreso de actividades sociales. Sin embargo, las cadenas de suministro y la generación de energéticos a nivel mundial no se reactivaron tan rápido como su demanda. La escasez de bienes, producto de la pandemia, presenta un nuevo reto para el que los gobiernos no estaban preparados: alta inflación.

En 2020, el SARS-COV-2 ocasionó una gran pérdida de vidas humanas y el colapso de varios sistemas de salud para evitar su propagación y, ante la falta de fármacos y vacunas para tratar la nueva enfermedad, los gobiernos implementaron medidas de distanciamiento social que se tradujeron en el cierre de cadenas de producción y de servicios en la mayoría de los países.

Ante esta situación, las autoridades recurrieron a la implementación de programas sociales para evitar que las poblaciones vulnerables cayeran en situación de pobreza. Ejemplos de estas medidas son: seguros de desempleo, transferencias para la adquisición de alimentos básicos, apoyo a negocios en el sector servicios y programas e infraestructura de cuidados.

La respuesta del gobierno de México en la primera fase de la pandemia -2020- distó mucho de sus pares. De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el país únicamente implementó medidas equivalentes al 1.9% del PIB y se posicionó como la economía emergente con el menor paquete fiscal de respuesta a la pandemia. La estrategia del gobierno federal no evitó que más personas cayeran en situación de pobreza extrema durante 2020, 10.8 millones de acuerdo con el CONEVAL .

Ahora durante la segunda fase de la pandemia que se caracteriza por la reapertura económica y alta inflación, la política social focalizada no debe estar ausente. A pesar de que México cuenta con un reducido espacio fiscal, debe priorizar la atención a las poblaciones más vulnerables. Si no evitamos que más mexicanas y mexicanos caigan en la trampa de la pobreza, México no contará con el capital humano necesario para crecer de forma sostenible e incluyente.

Por esto una estrategia federal basada en programas de carácter universal con tan pocos recursos disponibles no es eficiente para el desarrollo de poblaciones vulnerables. Prueba de ello son los hallazgos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2020 que muestran que los hogares con menores ingresos asumieron los costos de la pandemia.

Los resultados en desarrollo social en México obtenidos en la primera fase de la pandemia deben servir de guía para planear la estrategia de las siguientes fases que presentarán distintos retos, como vemos ahora el de la inflación.

En 2021, México ha registrado durante nueve meses consecutivos inflación superior al rango de variabilidad del Banco de México que es de 3% +/- 1% y en noviembre se registró una inflación de 7.37% anual, la más alta en casi 21 años . Esta situación fue producto del paro de actividades económicas durante 2020, producto de la pandemia.

Sin embargo, cuando analizamos que los alimentos y bebidas presentan una inflación aún mayor a la inflación general no vista en décadas, es momento de que la Secretaría del Bienestar reaccione ante la coyuntura que esto representa en las familias de menores ingresos.

La canasta básica alimentaria en noviembre de 2021 presentó un incremento anual del 9.2% en zonas urbanas y del 10% anual en zonas rurales, evidencia de que contener los efectos adversos de la inflación en poblaciones vulnerables debe ser un eje de acción de la política social del gobierno hacia 2022.

El Ejecutivo a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público puede proponer a la Cámara de Diputados reasignaciones presupuestales para evitar que más personas estén en situación de pobreza. Una propuesta de cómo financiar un ingreso familiar de emergencia para 10.8 millones de personas es reasignar recursos públicos del presupuesto de los megaproyectos de infraestructura como la Refinería de Dos Bocas o el Tren Maya.

La reactivación económica de la pandemia en el año 2022 será un poco más complicada que la anticipada por la alta inflación que los expertos consideran será un fenómeno transitorio. Por esta razón, la Secretaría del Bienestar debe proponer un programa de transferencias monetarias equivalentes a la canasta básica para las familias de menores recursos y así evitar que en México la población en situación de pobreza crezca.

Te invitamos a leer este artículo en Animal Político.

Nota del editor: Adriana García es investigadora enMéxico, ¿como vamos? , que registra a detalle el crecimiento económico del país. Las opiniones expresadas en esta columna corresponden exclusivamente a la autora.

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