Objetivos del plan de Estado para la contención de los efectos de la inflación
- Que no se deteriore más el poder adquisitivo de los hogares más pobres; que no aumente el número de hogares donde no alcanza el ingreso disponible para comprar comida.
- Que no se pierdan más empresas ni fuentes de empleo como consecuencia de fijar precios justos (precios máximos).
- Que se promueva y garantice la competencia económica para tener precios más bajos:
- Promover la competencia en toda la economía y promover el ingreso de nuevos competidores.
- Reglas del juego claras; certeza jurídica.
- Órganos reguladores sólidos.
- Que se diseñe e implemente un programa de crecimiento de largo plazo que promueva la inversión y detone la productividad.
- Inversión física pública y privada para incrementar la productividad.
- Inversión en capital humano; gasto en educación y revisión de los programas educativos ante el rezago ocasionado por la educación a distancia en el contexto de la pandemia.
Contexto: la economía mexicana no se recupera de la pandemia… ¡y ahora la inflación!
La economía mexicana apenas creció de un trimestre a otro (0.9% real trimestral y 1.6% anual, Estimación Oportuna PIB), por lo que en el primer trimestre de 2022, en México aún no regresamos a niveles prepandemia y nuestra economía sigue del tamaño que tenía en el cuarto trimestre 2016.
Durante los primeros tres meses de este año, las actividades secundarias (30% de la producción) y terciarias (66% de la producción) crecieron 1.1% frente al trimestre anterior. Esto indica una ligera e incipiente recuperación de las actividades que componen 96% de la economía mexicana.
Además, a nivel estatal la recuperación ha sido muy heterogénea. Solo ocho estados de la República mostraron un crecimiento anual superior al 4.5% y nueve han regresado a su nivel prepandemia (ITAEE, 4T2021).
Qué va a pasar con la economía mexicana en 2022
En los primeros cuatro meses del año se han deteriorado mucho las expectativas de crecimiento para México. La encuesta que hace el Banco de México a analistas financieros ha acumulado siete reducciones consecutivas a las expectativas de crecimiento en México para este año, y no han crecido para el próximo.
Otros organismos internacionales como el FMI, el Banco Mundial y la CEPAL han ido ajustando las expectativas del crecimiento de México y el mundo a la baja, dejando muy atrás las estimaciones oficiales del gobierno actualizadas el 1 de abril, poniendo en riesgo poniendo en riesgo la consecución de los programas sociales y obras de infraestructura al sobreestimar los ingresos públicos.
En resumen, el contexto internacional se ha vuelto menos favorable para el crecimiento de México y del mundo por tres razones fundamentales:
- La invasión rusa a Ucrania. La importancia de la región para los energéticos, fertilizantes y granos ha presionado al alza el precio de estos productos y mermado las proyecciones de crecimiento mundial.
- La política Cero COVID en China. El cierre de ciudades y puertos ocasionará nuevos cuellos de botella en las cadenas de suministro ocasionando escasez de bienes intermedios y alza de precios.
- El endurecimiento de la política monetaria en México y el mundo. Los bancos centrales de la mayoría de las economías están incrementando sus tasas de interés para combatir la alta inflación experimentada en el mundo. Mayores tasas de interés implican mayores costos de financiamiento que afectan negativamente a la inversión y al consumo.
Todo sube, pero más la comida
La inflación de abril en 7.68% sorprendió una vez más, registrando un nuevo máximo desde enero de 2021. Sin embargo, el precio de la comida subió mucho más que el nivel general de precios. Por ejemplo, las tortillas de maíz registraron un incremento anual de 17.47%, ¡más del doble que la inflación general!
Además, los alimentos se encarecieron en 13.72%, mientras que las frutas y verduras 15.84% en su variación anual. En un país con casi 52 millones de personas en pobreza laboral, no hay quincena que alcance con estos aumentos a los bienes de consumo de primera necesidad.
La inflación de abril fue, además, mayor que la de marzo, cuando fue de 7.45% anual y tanto la inflación general como la subyacente (aquella que es susceptible a la política monetaria) se encuentran por arriba del límite superior de 4% del Banco de México desde la primera quincena de marzo de 2021: más un año fuera del rango de variabilidad de Banxico y la inflación más alta registrada en 21 años.
Un plan mínimo para contener los efectos de la inflación
¿Qué debe contener un plan mínimo para atender las consecuencias de la alta inflación en alimentos en este momento?
- Que no se deteriore más el poder adquisitivo de los hogares más pobres.
La política social implementada por el gobierno federal es insuficiente. En 2020, solo 37% de los hogares más pobres (decil I de ingresos) eran beneficiarios de programas sociales, una disminución considerable con lo observado en 2018, donde el alcance era del 56%.
Esto quiere decir que 63 de cada 100 de los hogares más pobres en el país se encuentra en situación de alto riesgo ante el incremento generalizado de los precios, en específico de los artículos que componen a la canasta básica. Ante este escenario de poco alcance de la política social en nuestro país, la pregunta relevante es:
¿Cómo financiamos un programa mínimo para asegurar que las personas en extrema pobreza puedan adquirir la canasta básica sin deteriorar las finanzas públicas?
Revisamos el presupuesto modificado que presentó la SHCP en su informe trimestral al 1T2022. Un paquete que asegure que los 10.8 millones de personas en condición de pobreza extrema en 2020 reciban una transferencia por el precio de la canasta básica (1,960 pesos precio febrero 2022) durante 3 meses se estima en 63,180 millones de pesos. Este programa se podría financiar con la reasignación presupuestal del presupuesto adicional asignado a la Secretaría de Turismo y a la Secretaría de Energía en el 1T2022 de 10,985 millones de pesos y 45,437.5 millones de pesos, respectivamente.
El programa para evitar el deterioro del poder adquisitivo de los hogares no debe de considerarse sustituto de la agenda de crecimiento de mediano plazo. Solo con una economía que crece y genera empleos de calidad puede enfrentar contextos negativos como en el que nos encontramos con una recuperación incompleta de la pandemia y alta inflación.
- Que no se pierdan más empresas ni fuentes de empleo como consecuencia de poner precios justos (precios máximos).
Ante la propuesta del Presidente de controlar el precio de 24 productos de la canasta básica, es muy importante valorar el impacto de la pandemia en la supervivencia de las empresas, sobre todo de las de menor tamaño y, en concreto, los pequeños comercios, que muchas veces son quienes venden justamente esos productos de primera necesidad.
En México no existen suficientes acciones para promover la creación de micro, pequeños y medianos negocios y que a la par permita que aquellos que sean más productivos y eficientes puedan crecer. Sin embargo, estas empresas dan empleo a siete de cada diez trabajadores en México y constituyen 99.8% de las empresas en el país.
Durante la pandemia, millones de estos pequeños negocios cerraron. De acuerdo con los Censos Económicos (INEGI 2019), en 2019 existían 4.9 millones de empresas, pero para 2020 más de 1 millón de empresas cerraron. En el segundo año de pandemia (2021), cerraron 50% más empresas que el año previo, debido en gran parte a la falta de apoyos.
El Gobierno Federal ha mencionado que esta estrategia de precios justos no es una estrategia de control de precios, es decir, definir unilateralmente los precios de los 24 productos de la canasta básica para que el precio al consumidor no rebase el precio establecido, sino una estrategia de contención de precios para que en estos artículos no continúe el alza de precios observada en la segunda mitad de 2021 y en los primeros meses de 2022.
Listado de productos propuestos por el gobierno para control del aumento de precios
Fuente: Reforma, abril 2022.
Este tipo de acuerdos tienen antecedentes históricos, como lo fueron los acuerdos tripartitas (gobierno, empresarios y trabajadores) de gobernanza económica de fin de siglo, tales como el Pacto de Solidaridad Económica (PSE) implementado por el entonces presidente de México, Miguel de la Madrid, así como el Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico (PECE), impulsado por Carlos Salinas de Gortari; que tenían como uno de sus principales objetivos la contención de la inflación observada en ese entonces.
Este nuevo acuerdo parece ser bipartita, en el sentido de que es propuesto por el gobierno federal y debe ser atendido por el sector empresarial. Para cumplir con este acuerdo de contención de precios en ciertos productos, las empresas deberán implementar una estrategia de subsidios cruzados, donde se compensa la pérdida de utilidad de mantener el precio estable de cierto producto a través del incremento en el precio de otros artículos.
Por ejemplo, en una empresa comercializadora que solo vende dos artículos, frijoles y lentejas, el costo que implica mantener el precio del frijol estable se traslada al precio de las lentejas para que, en general, las utilidades de la empresa se mantengan constantes.
Sin embargo, estas estrategias solo pueden ser implementadas por empresas que puedan hacer esta sustitución, en términos de capacidades y de variedad en su oferta de bienes. Una tiendita de barrio que solo vende algunos de los 24 productos de la estrategia de precios justos, no tendrá la capacidad de hacer el traslado de los costos de mantener el precio de un bien estable.
Volviendo al ejemplo de una empresa que oferta solo 2 bienes, pero en este caso frijol y huevo (ambos considerados dentro de la estrategia de precios justos de 24 productos); esta empresa no podrá trasladar los costos de mantener el precio del frijol estable hacia el precio del huevo, pues este artículo también tiene que mantenerse estable de acuerdo con la estrategia planteada por el gobierno federal. Ante esta situación, esta empresa de 2 bienes vería una caída generalizada en su utilidad, que no podría ser compensada por un reajuste en su estrategia de precios, o incluso tendría que cerrar ante la imposibilidad de ser parte de la estrategia, sobre todo si se incorporan sanciones a quienes no la cumplan.
En caso de que la estrategia de precios justos se extendiera hasta el segundo trimestre de 2023 (trimestre en que Banxico pronostica regresas al rango de variabilidad), esta pérdida en utilidad podría significar el cierre de millones de empresas pequeñas y medianas, con costos altísimos para el empleo y el emprendimiento en México. Durante la pandemia, por cada empresa que cerró, se perdieron casi 2.5 empleos, mientras que las empresas que nacieron en el periodo, solo crearon 2 empleos. La pérdida neta del empleo que presupone el cierre de micro, pequeños y medianos negocios es preocupante.
Finalmente, poner un precio uniforme para bienes y servicios de primera necesidad en todo el territorio nacional, no solo es poco eficiente sino que elimina la posibilidad de asignar de mejor forma el esfuerzo que se busca hacer entre sector privado y sector público.
México es un país muy diverso en sus dinámicas sociales y económicas y, por lo tanto, ni la pobreza laboral, ni la recuperación del mercado laboral, ni el crecimiento económico, pero sobre todo ni siquiera el alza generalizada de precios se comporta igual en todas las entidades federativas.
Por lo tanto, es sumamente importante considerar que un precio unificado para la canasta de bienes de primera necesidad puede dislocar el esfuerzo de hacer esta canasta más asequible para más familias porque transportar productos y personas a todo el país no cuesta lo mismo.
Dado el aumento en los precios internacionales de los hidrocarburos, transportar los alimentos a lugares más remotos o de más difícil acceso representa un mucho mayor costo, por lo que pretender que ese precio se mantenga en todo el país puede acabar por afectar en mayor medida a los pequeños comercios y tiendas de abarrotes en estos lugares, y provocar el surgimiento de un mercado negro de estos productos, a mayores precios para los consumidores que se buscaba apoyar.
- Que se promueva y garantice la competencia económica para tener precios más bajos.
Para promover y garantizar precios más bajos en el mediano y largo plazo, es necesaria la competencia económica, es decir, incrementar el número de participantes en los distintos sectores y mercados que componen a nuestra economía. Para esto, necesitamos un Estado sólido y robusto que promueva la competencia en toda la economía a través de:
- Reglas del juego claras para todos los competidores.
- Reguladores fuertes, en términos presupuestales y de capacidades.
- Incrementar la participación de las PyMEs en el comercio internacional.
- Incentivar la entrada de nuevos competidores en mercados monopólicos y oligopólicos.
Reglas del juego claras para todos, instituciones sólidas y Estado de Derecho
Para incrementar la inversión productiva en el largo plazo, los tres Poderes de la Unión y los tres órdenes de gobierno deben promover un Estado de Derecho sólido que garantice la certeza jurídica tanto en el ámbito federal como estatal y municipal; cosa que no ha ocurrido: ocho de los once sucesos que han mermado la certidumbre jurídica de inversionistas en los tres primeros años de esta administración han estado relacionados con el sector energético, pero han afectado todo tipo de inversiones.
Otro rubro importante del Estado de Derecho es la seguridad pública, que por un lado afecta desproporcionadamente a micro, pequeños y medianos negocios, pero por otro a la ciudadanía en general y a las mujeres en específico.
Dada la inseguridad, extorsión e impunidad generalizada, muchas microempresas no pueden crecer, puesto que parte de sus ingreso se destinan a pago de derecho de piso (Luis de la Calle, 2021), tanto a funcionarios públicos que cometen actos de corrupción (supervisores, verificadores y representantes de distintas autoridades, desde seguridad pública hasta protección civil) como a crimen organizado.
De esa manera, la inversión que pueden hacer estas empresas de menor tamaño no se incrementa y, como consecuencia, tampoco su escala ni su productividad.
Ahogar a los reguladores
Hay varias formas directas de debilitar a los regulares sin tener que modificar la Constitución ni la ley.
La primera forma es el recorte de los recursos públicos con los que cuentan año con año. En el caso de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), se observa una ligera reducción en el presupuesto aprobado de los tres últimos ejercicios fiscales.
En el mediano y largo plazo, la única situación que asegura la presencia de menores precios en los mercados, es la competencia económica (más participantes en los mercados); por lo tanto, más que restringir paulatinamente en términos presupuestales a estos organismos autónomos, se debería robustecer su operación, así como los mecanismos de los que disponen para combatir la presencia de mercados monopólicos u oligopólicos en nuestro país, los cuales están asociados a mayores precios que los que se presentarían en una situación de competencia económica.
La segunda forma es debilitando su estructura institucional, que puede hacerse nombrando perfiles con un sentido político sin conocimientos técnicos suficientes, o dejando vacantes en los órganos colegiados que los integran, como es el caso de la COFECE, el IFETEL y la propia CRE.
Órganos reguladores con vacantes en sus plenos
Fuente: elaborado por México, ¿cómo vamos? con base en comunicados institucionales, texto constitucional y leyes reglamentarias.
La competencia económica, pilar para el crecimiento económico y precios bajos a los consumidores, no es prioridad para el Gobierno de México. El presupuesto 2022 para la COFECE (616 mdp) y para el IFT (1,560 mdp) únicamente representan el 3% del presupuesto destinado a la Secretaría de Turismo, donde se encuentra el proyecto del Tren Maya.
Fortalecer a los reguladores debe ser prioridad del plan antiinflacionario para asegurar que hoy y mañana las y los mexicanos tengamos acceso a precios competitivos.
- Urge un plan para que México sea más productivo y competitivo en los próximos años, pero sin olvidar los efectos inmediatos de la crisis
México necesita desarrollar las capacidades para incrementar su productividad y para esto requiere inversión física (en energía, en reabrir y habilitar los gasoductos, en telecomunicaciones y puertos, entre otros) e inversión en capital humano; necesitamos un diagnóstico sobre el rezago educativo y la deserción escolar a causa de la pandemia de COVID-19.
México ha venido perdiendo la confianza que inversionistas internacionales habían tenido en el pasado y, con ello, hoy en día no tenemos la productividad que necesitamos para generar más empleos de calidad.
Acciones que fortalezcan la confianza de las inversiones en México son indispensables para atraer inversiones, nacionales y extranjeras, que han sido insuficientes en los últimos años. Actualmente, la suma de inversión pública y privada es de apenas 20% del PIB (4T2021), mientras que estimamos que, para que México crezca, esta proporción debe ser de al menos 24% del PIB.
Mantener los programas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para atender la crisis pero no como única estrategia ni como solución de largo plazo
La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SEDER) tiene en marcha programas para garantizar un ingreso mínimo de pequeños agricultores, aumentar la producción y fortalecer la seguridad alimentaria. En el contexto de escasez de productos y alza de precios alimentarios, es necesario ampliar algunos de estos, como el programa Fertilizantes para el Bienestar.
El programa Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos es un programa que asegura que las cosechas de algunos granos como el maíz, frijol y arroz sean comprados a pequeños productores a precios específicos que pueden ser incluso por arriba de los precios del mercado. Este programa tiene un presupuesto aprobado de 11,373 millones de pesos en 2022, pero ante el incremento de precios de los alimentos resultaría más beneficioso fortalecer programas dirigidos a asegurar las cosechas, no solo fijar precios de garantía, como:
- Fertilizantes para el Bienestar con un presupuesto federal que asciende a 13,873 millones de pesos para todo el año, tiene un monto similar a la ampliación presupuestal de la Secretaría de Turismo del primer trimestre de 2022 (Tren Maya). Este programa tiene como objetivo proporcionar fertilizantes en especie a los pequeños y medianos productores de frijol, maíz y arroz. La situación de guerra en Ucrania ha generado escasez y alza de precios de estos productos debido a que Rusia es el principal exportador de fertilizantes en el mundo.
- Producción para el Bienestar, con un presupuesto en 2022 de 14,006 millones de pesos, cuya finalidad es dotar de liquidez para aumentar la inversión y la productividad del campo mexicano.
Ambos programas demandan que exista supervisión por parte del gobierno, por lo que la efectividad de este y de cualquier otro subsidio o esquema de fomento a la producción requiere inversiones en supervisión, asesoría y capacitación para quien lo recibe; lo cual es contrario a un gobierno que le ha apostado a la austeridad sin orden ni prioridad.
Una solución de largo plazo es la promoción de la productividad de todos los agricultores y productores de productos pecuarios, lo cual incorpora, entre otros:
- Uso de moléculas y fertilizantes con permisos y aprobaciones sanitarias de emergencia o temporales, según sea apropiado, priorizando la salud de animales y personas, así como utilizando estrategias adicionales de conservación de la biodiversidad en bancos de semillas, parques nacionales y reservas de la biósfera.
- Invertir en mejorar la eficiencia de instituciones reguladoras de fármacos, químicos, moléculas y otros, como Cofepris, donde actualmente se encuentran miles de procesos de aprobación en curso y que su resolución podría ayudar a una mayor producción de alimentos en México.
- Cerrar programas que, contrario a sus objetivo, han mostrado que promueven la deforestación y no benefician en el largo plazo a las comunidades, como Sembrando Vida.
- Incorporación de estrategias sustentables y de largo plazo, tales como el uso de biofertilizantes (desecho animal), así como incremento inmediato en las inversiones en mecanismos de riego más eficientes que minimicen la evaporación del agua en medio del incremento de las temperaturas a nivel mundial (sistemas presurizados, por ejemplo).
Otras medidas para atender la crisis en lo inmediato pero no como estrategia de largo plazo
Los estímulos fiscales adicionales al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) otorgados por el gobierno federal durante el primer trimestre de 2022 para hacer frente al alza de los precios de los energéticos redujeron la recaudación en 43,462 millones de pesos respecto al primer trimestre de 2021.
Adicionalmente, en el primer trimestre de 2022 los ingresos tributarios estuvieron por debajo del programa en 2,721 millones de pesos, cifra comparable con el presupuesto total 2022 de SEDER para el Programa de Fomento a la Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura de 1,606 millones de pesos o el Programa de abasto social de leche a cargo de LICONSA S.A. de C.V. de 1,287 millones de pesos.
De continuar el subsidio al IEPS junto con los estímulos adicionales al IVA e ISR por la compra de combustibles, se debilitan las finanzas públicas y pronto se deberá decidir entre incrementar la deuda pública o recortar el gasto, que puede afectar el gasto social (medicinas u operación de programas necesarios como las extintas Escuelas de Tiempo Completo) o la inversión en mejorar la infraestructura pública de escuelas, hospitales, comunicaciones u otros rubros.
Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC): 2007-2020
Contener incrementos en precios con los estímulos del IEPS a las gasolinas y otros subsidios directos están ejerciendo una fuerte presión a las finanzas públicas. Por esto, es fundamental fortalecer la recaudación, empezando por ampliar la base gravable, así como invertir en mayor certidumbre jurídica en el país.
Conclusión
Es atribución única del Banco de México preservar el poder adquisitivo de la moneda mexicana, por lo que la autonomía del Banco y la confianza que se tenga en su gestión es toral para seguir conteniendo los efectos de un incremento generalizado del nivel de precios.
Por parte de la gestión del gobierno y de la labor del Estado se debe promover el crecimiento económico sostenido, con mercados competitivos y mayor nivel de ingresos laborales en los hogares mexicanos. Solo una economía en crecimiento podrá incrementar el progreso social, la oferta de bienes –incluyendo la provisión de comida, granos, frutas y verduras y productos pecuarios–, así como crear empleos de mejor calidad para brindar mayores ingresos a la población de forma permanente.
Para esto, es indispensable que aumente la inversión pública (productiva) y que se fomente la inversión privada, para así abrir mayores oportunidades de expansión de la productividad y de crecimiento económico.
Finalmente, si bien las estrategias de contención de los efectos negativos de la inflación mundial deben ser de largo plazo, es importante que en el corto plazo se asignen recursos públicos a la atención de la población más vulnerable frente al incremento de los bienes y servicios de primera necesidad, lo cual demanda, entre otras cosas, mejores padrones de la población objetivo y, en el caso de los programas a unidades productivas, acompañamiento para la capacitación e incremento de su productividad.
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